La juez Mercedes Alaya ha prorrogado por tercera vez el secreto de sumario que pesa desde el pasado mes de julio sobre la denominada operación 'Madeja', en la que se investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde.

   Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que prorroga un mes más el secreto de las actuaciones decretado por primera vez el pasado julio, tras las detenciones tanto de Castaño como de su mujer, la abogada Ana María Vaquero, del administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Palomo, y del exadministrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo.

   Castaño fue el único de los cuatro detenidos que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de agosto después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla, que estimó de este modo el recurso de apelación presentado por su letrado, José Manuel García-Quílez, contra el auto de prisión dictado por la juez Alaya.

   El letrado de Castaño, en este sentido, ha anunciado a Europa Press que recurrirá nuevamente la decisión de la instructora de decretar el secreto de sumario.

   Según las fuentes consultadas, la juez ha decidido prorrogar el secreto de sumario "por los mismos motivos" por los que ya lo prorrogó el pasado mes de septiembre después de que así se lo solicitara la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que justificaba su petición en que "por razones de índole técnico y de disponibilidad de personal no ha sido posible completar el volcado de los medios informáticos incautados", a lo que se sumaba que "han recibido abundante documentación requerida de diferentes organismos públicos".

"UBÉRRIMA" DOCUMENTACIÓN

   La juez aseveraba en el auto dictado en septiembre que toda esta "ubérrima" documentación está siendo analizada "y es claro que de este examen podrán derivarse nuevas diligencias asociadas en virtud de los datos que vienen extrayendo".

   "Teniendo en cuenta lo anterior y que el conocimiento de lo actuado hasta la fecha por las partes personadas, así como de esas nuevas diligencias que se ordenen, podría provocar la destrucción de indicios o fuentes de prueba por parte interesada anulando la eficacia de la acción policial y judicial, se considera imprescindible en este momento prorrogar nuevamente el secreto de las actuaciones por plazo de un mes" a fin de "asegurar el éxito de la investigación", razonaba la instructora, tal y como informa 'Diario de Sevilla'. 

   La juez Alaya imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.

   Durante su declaración ante la juez, el administrador de Fitonovo aseguró que, entre los años 2005 y 2006, entregó un sobre con 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño y que le dijeron que este sobre con la cantidad de dinero referida "era para el PSOE", punto en el que subrayó que el dinero entregado "no era a cambio de nada", porque además "los contratos ya estaban dados".

ENTREGA DE TELÉFONOS MÓVILES

   También dijo que entregó a Castaño siete teléfonos móviles Nokia para que los repartiera, aunque no precisó quiénes serían los últimos destinatarios de estos teléfonos.

   Esta operación viene derivada de la investigación en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla, en el marco de la cual la magistrada pidió a la Guardia Civil que investigara el enriquecimiento "sospechoso" de Castaño.

   A raíz de esta investigación, los agentes habrían llegado a la conclusión de que Domingo Enrique Castaño pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas referidas.

   Además de los cuatro detenidos, la Guardia Civil imputó en el marco de la operación 'Madeja' a la mujer del administrador de Fitonovo, Pilar Baró, y al responsable de una gestoría que le llevó las cuentas a esta empresa.