Después de que Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya dado curso a la demanda promovida por las familias que habitan sin título alguno los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja', la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha apelado a "ser coherentes con las doctrinas" de la citada institución comunitaria, defendiendo que "la democracia no necesita saltarse ninguna regla para atender a familias en situación desesperada".

   Así se ha pronunciado la consejera durante la comisión de Fomento y Vivienda celebrada este jueves a cuenta de la llegada del asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en el marco de la demanda de las familias por una presunta vulneración de la Convención Europea de Derechos Humanos ha pedido a las autoridades españolas información sobre las soluciones, plazos y medidas a adoptar con relación a las personas vulnerables de este colectivo de familias ante el desalojo forzoso decretado por el Juzgado de Instrucción número tres.

   "¿Cuáles son las medidas que las autoridades (...) han pensado adoptar en relación a los demandantes, en especial el niño menor de edad de la primera demandante, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad, para prevenir la violación de los artículos 3 y 8 de la convención?. En particular ¿Qué soluciones propondrán y con qué plazos?", expone el escrito del Tribunal en cuanto a la información solicitada a las autoridades involucradas en el conflicto.

   En ese sentido, Cortés esgrime que el contenido de esta comunicación coincide con la interpretación que la Consejería de Fomento y Vivienda ha venido realizando del proceso, instando en todo momento a que, con carácter previo al desalojo, las administraciones competentes garanticen los derechos de las personas socialmente vulnerables. En estos momentos, el Ayuntamiento hispalense y la Administración andaluza trabajan en una comisión conjunta para buscar un desalojo voluntario de las viviendas.

VIVIENDAS OCUPADAS DESDE 2012

   Estamos hablando del colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.

   Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo y el conflicto, a lo largo de todos estos meses, ha contado con una vertiente sociopolítica, pues el asunto ha sido debatido en los plenos del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla con diversas movilizaciones y hasta un festival de rock, y un plano judicial derivado de la denuncia promovida por la titularidad de las viviendas, a cuenta de la usurpación de las mismas.

   Las familias esgrimen que su reivindicación no es otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.

LA 'CORRALA UTOPÍA'

   Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de cinco familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.

   Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba recientemente un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas.