El Parlamento de Andalucía ha celebrado este jueves un debate entre la diputada del PP Alicia Martínez y la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU-CA), sobre las viviendas públicas entregadas a las familias del colectivo bautizado como la 'Corrala Utopía'. Martínez ha acusado a Cortés de preocuparse sólo de estas personas al haberlas convertido en su "bandera" política y Cortés ha esgrimido el "aval" de los informes de los servicios sociales comunitarios.

   Alicia Martínez, en un primer momento, ha reclamado a Cortés acceso a los expedientes administrativos relativos a la entrega de viviendas de titularidad autonómica a estas personas desalojadas el pasado mes de abril, de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde habitaban sin título alguno unas viviendas propiedad de 'Ibercaja'. "Los datos se ocultan a la ciudadanía", ha dicho Martínez preguntando además si median "garantías" jurídicas sobre esta entrega de viviendas a modo de realojo provisional que promueve la administración andaluza. "Esto es transitorio, pero ¿Por cuánto tiempo?", ha incidido.

   Martínez ha recordado que durante 2013, "más de 37.000 personas pidieron ayuda a los servicios sociales en Sevilla", por lo que a su juicio IU-CA "se ha saltado a familias con menores, discapacitados, o víctimas de violencia de género" a la hora de entregar las citadas viviendas públicas. "Sólo le preocupan las familias de la Corrala porque son su bandera", ha enfatizado.

   Elena Cortés, de su lado, ha negado que su área esté ocultando los expedientes y ha pedido al PP que "llame a la Consejería para poner fecha y hora" de la consulta de los documentos, defendiendo una vez más que "el proceso de realojo provisional ha sido justo y legal y así lo avalan las actualizaciones de los informes sobre la situación social de las familias" que han elaborado los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento hispalense, extremo que de su lado niega Alicia Martínez, quien sostiene que es "falso" que dichos documentos amparen las medidas adoptadas desde la Consejería de Fomento y Vivienda.

   Martínez, en ese sentido, ha recordado que los informes reflejan que ocho de las personas o familias evaluadas se encuentran en un estado de vulnerabilidad o riesgo de exclusión y siete atraviesan una situación de exclusión social, insistiendo en el papel que juegan el resto de personas de la provincia de Sevilla que sufren situaciones similares.

   Cortés, en ese sentido, ha esgrimido la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y el auto judicial que ordenaba a las fuerzas de seguridad del Estado ejecutar la orden de desalojo de las viviendas propiedad de 'Ibercaja', dado que el documento instaba además a las administraciones a "proveer lo necesario" para atender "a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social" y objeto de este desalojo. Así, ha criticado que el PP ataque a la Junta por "responder" a las necesidades de la sociedad.
LA 'CORRALA UTOPÍA'

   El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos, no obstante, fueron paralizados a cuenta del conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución al asunto.

   Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.

   Tras concluir las nuevas evaluaciones sociales, el Ayuntamiento hispalense había remitido las mismas a la Administración andaluza con una carta dando cuenta de esta labor sobre "15 de las 17 familias solicitadas, con independencia de que hayan sido desalojadas o no". Avisaba el Consistorio, así, que queda pendiente el caso una persona empadronada en otro municipio diferente a Sevilla, así como otro en el que la persona en cuestión no habría acudido a "las citas concertadas" ni habría "colaborado" en la aportación de documentos.

   En esta carta, recogida por Europa Press, el Consistorio explicaba que en cada uno de los 15 informes certificados, los trabajadores sociales encargados de estas evaluaciones concluyen si cada una de las unidades familiares se encuentra en una situación adecuada, de vulnerabilidad o riesgo de exclusión o, finalmente, en una situación "deficitaria o de exclusión social". El Ayuntamiento esgrimía además su baremo social, aprobado por su propia junta local de gobierno en febrero de 2013, señalando que del conjunto de familias, "sólo dos de ellas figuran en la lista de familias baremadas para la adjudicación de viviendas sociales", toda vez que el resto de familias no habría mostrado "deseo" de figurar en el "proceso de intervención social" asociado al baremo municipal.
LOS INFORMES

   Ya el pasado martes, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, anunciaba que los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento, a través de las citadas evaluaciones, han acreditado la situación de "exclusión social" o de "vulnerabilidad o riesgo" de las 15 familias sometidas a este procedimiento, con lo que su departamento completará el proceso de realojo provisional de las familias, que tiene como requisito legal que las mismas se encuentren precisamente en situación de "riesgo" o de "exclusión social".

   El realojo se reanuda en los términos establecidos por el acuerdo del Gobierno andaluz del 12 de abril, que fija que las familias ya realojadas se mantendrían en las viviendas cedidas por la administración autonómica siempre que los servicios sociales municipales acreditasen su "riesgo de exclusión social", y que las pendientes serían realojadas si dicha situación quedaba acreditada por dichos servicios, extremos ambos "certificados por los informes actualizados", según la Junta.

   Y es que según la Junta, los citados informes de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento reflejan que ocho de las personas o familias evaluadas se encuentran en un estado de "vulnerabilidad o riesgo", lo cual ya justifica "plenamente" su realojo provisional; y siete atraviesan una situación "deficitaria o de exclusión social". "Los informes sociales actualizados avalan plenamente el proceso de realojo iniciado el 9 de abril, que ahora tendrá lógica continuidad en los términos establecidos por el acuerdo del Gobierno andaluz", concluye la Junta.