El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Javier Landa, ha defendido este miércoles que la futura zona franca de Sevilla, cuyo consorcio gestor acaba de autorizar el Estado, cuenta con "muchos empresarios interesados" en instalar sus empresas en el recinto, descartando en paralelo un régimen de "competitividad" con la zona franca de Cádiz.

   Este pasado lunes, como hemos informado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba una orden del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que autoriza la constitución del consorcio de la Zona Franca de Sevilla. El proyecto, destinado al almacenaje, transformación y distribución de mercancías en 719.876 metros cuadrados del dominio público portuario del área de Torrecuéllar, implica la creación de un espacio de almacenamiento de mercancías comunitarias y no comunitarias exentas de impuestos aduaneros e indirectos, con el aplazamiento de los pagos hasta la venta o salida del género. Se trata, así, de la quinta zona franca de España, pues ya existen espacios similares en Barcelona, Cádiz, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria.

   Según la orden publicada por el BOE y recogida por Europa Press, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autoriza la constitución del consorcio gestor de este espacio incluyendo en el mismo al Ayuntamiento y al Estado. El cuarto artículo de esta orden ministerial, no obstante, ciñe la constitución del consorcio, textualmente, a que el Ayuntamiento acredite "la concurrencia de los requisitos previstos en la disposición adicional novena de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local", con el correspondiente "informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas".

   La citada disposición adicional novena, conectada con la ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, estipula textualmente que las entidades locales sujetas a un plan económico-financiero "o de ajuste", como es el caso del Ayuntamiento hispalense, no podrán "adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirecta, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes".


LA AUTORIDAD PORTUARIA SE QUEJA

   La presidenta de la Autoridad Portuaria, Carmen Castreño, ha avisado, por su parte, de que esta orden ministerial "no refleja" completamente el diseño negociado entre el Ayuntamiento hispalense, el ministerio y la Autoridad Portuaria para la creación del recinto, pues el Puerto no figura como miembro del consorcio gestor pese a que el complejo "nace íntegramente" en sus terrenos, toda vez que tampoco figura el aprovechamiento del impuesto de sociedades de las empresas ya instaladas en el ámbito de creación del recinto, para la financiación inicial del mismo.

   El primer teniente de alcalde, de su lado y a través de una entrevista en la Cadena Cope, ha defendido que la futura zona franca cuenta ya con "muchos empresarios interesados en instalarse", asegurando que el nuevo recinto goza de "un mercado potencial muy importante" y recordando que los cálculos iniciales del Ayuntamiento hispalense señalan una facturación inicial de aproximadamente mil millones de euros al año. Todo esto, como ha defendido, tendrá efectos en el "crecimiento" del castigado sector industrial de Sevilla, marcado en los últimos tiempos por los cierres y las deslocalizaciones.


LANDA DESCARTA COMPETENCIA CON CÁDIZ

   Javier Landa ha defendido también que la nueva zona franca no nace en régimen de "competitividad" con la zona franca de Cádiz, pues se trata de "zonas francas complementarias". "No le afecta para nada a Cádiz", dice Landa, quien precisa, de cualquier modo, que los empresarios quienes "optan por quedarse en un sitio u otro", sin que tal aspecto esté sujeto a las decisiones de las administraciones.

   Finalmente, y en conexión con el asunto, ha considerado que avanzan las soluciones para el dragado de profundización que promueve la Autoridad Portuaria de Sevilla en el tramo navegable del Guadalquivir para que albergue naves de mayor calado. Ha recordado que, en el plano medioambiental, la Autoridad Portuaria está "solventando las correcciones" necesarias del proyecto de protección de márgenes que forma parte de esta iniciativa, mientras los recelos de los arroceros, que temen un incremento de la salinidad con efectos en sus cultivos a cuenta del dragado, podrían ver "resueltas" sus inquietudes a través de la construcción de un nuevo "canal" gracias al cual los agricultores "no tendrían que succionar agua del río".