El expresidente de Cajasol Antonio Pulido ha pedido aplazar su declaración como imputado prevista para el 3 de noviembre y ha subrayado "la injusticia y falta de fundamento del procedimiento penal que se sigue" contra él y otros cuatro directivos de la entidad bancaria, ahora integrada en Caixabank.

La juez de Instrucción 5 de Sevilla, en un auto dictado el 1 de octubre, cita a Pulido, ahora presidente de la Fundación Cajasol, y a otros cuatro exdirectivos para declarar como imputados y agrega que, respecto a todos ellos, "no puede descartarse la perpetración de un presunto delito de estafa y falsedad documental".

El origen del caso es una denuncia de la Urbanizadora Rojas por un préstamo en el que se incluyó una adenda que les impedía cobrar el dinero para 278 viviendas de protección oficial en Entrenúcleos, de Dos Hermanas (Sevilla).

En un comunicado, La Fundación Cajasol afirma que "se acreditarán las numerosas reclamaciones que en distintos órdenes jurisdiccionales han sido instadas por quienes se han visto perjudicados" por los denunciantes, y ha reiterado que solicitarán la clausura y archivo de la actual causa.

Fuentes de la empresa denunciante han explicado que el grupo reclama a Pulido y a los otros directivos 34 millones de euros, la cantidad que no pudieron cobrar por el anexo incluido en el préstamo que pidieron en el 2010 como "argucia" y sin que tuvieran conocimiento los empresarios.

Según la empresa, Cajasol les exigió para acceder al préstamo, concedido en principio en condiciones favorables, tener vendido el 90 % de los pisos de protección oficial de los que se hacían cargo en la zona de Entrenúcleos, cuando sabían que solo estaban vendidos el 50 %.

En el escrito de citación como imputado, la juez recuerda que se ha tomado declaración como testigo al notario con el que se formalizó el préstamo y subraya que la persona que estaba en el momento de su formalización representando a la empresa era una "mera mandataria del administrador" y no conocía los cambios incluidos.

Las nuevas condiciones del préstamo, señala la juez, eran "distintas e incompatibles, y desde luego mucho más perjudiciales para el prestatario" que en la escritura de otorgamiento del crédito hipotecario.

Caixabank, por su parte, ha argumentado que no se puede dirigir la acción penal contra ellos porque el préstamo se firmó el 15 de diciembre de 2010 y la responsabilidad penal de las personas jurídicas por determinados delitos, entre ellos estafa, no es exigible hasta el 23 de diciembre de 2010, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal.

La juez, tras esta petición, ha dictaminado que no procede imputar a Caixabank por estos hechos "sin perjuicio de la condición de responsable civil directo" que pueda determinarse posteriormente.

En su citación, la juez reclama a Caixabank las actas de los consejos de administración de Cajasol de los años 2007, 2008 y 2009 en los que se incluyan los informes del Banco de España en relación a Entrenúcleos, y también le pide la copia completa del expediente correspondiente al préstamo hipotecario firmado con la empresa.