La juez Mercedes Alaya, dentro de la operación 'Enredadera' en la que investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos, ha ampliado este lunes la imputación a los empresarios de Fitonovo Rafael González Palomo y José Antonio González Baró y les ha atribuido un nuevo delito contra la Seguridad Social.

   Fuentes del caso han informado de que la magistrada ha citado a ambos empresarios en la tarde de este lunes a fin de ampliarles su imputación y les ha atribuido un nuevo delito contra la Seguridad Social por pagar en 'b' parte de las nóminas de sus empleados entre los años 2003 y 2012, aunque las fuentes no han podido precisar qué cantidades no habrían declarado a la Seguridad Social.

   Las mismas fuentes consultadas han señalado que ambos imputados se han acogido a su derecho constitucional a no declarar, tras lo que la Fiscalía de Sevilla no ha solicitado nuevas medidas cautelares contra ninguno de ellos, pues hay que recordar que, en el marco de la operación 'Enredadera', pidió fianzas de responsabilidad civil de dos millones y de un millón de euros para González Palomo y para González Baró, respectivamente.

   También ha comparecido en la tarde de este lunes ante la magistrada el administrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo, quien igualmente se ha negado a declarar y para quien el Ministerio Público tampoco ha pedido nuevas medidas cautelares después de que, en su última comparecencia, solicitara la imposición de una fianza civil de medio millón de euros.

   En la mañana de este lunes, ya habían comparecido como imputados ante la juez el exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos; el actual portavoz municipal de IU en el Consistorio hispalense, José Manuel García, y el exconcejal de Vía Pública y expresidente de 'Unidad' Manuel Gómez Lobo (PSOE).

TORRIJOS, GARCÍA Y GÓMEZ LOBO

   Torrijos, en su comparecencia, se ha limitado a negar "rotundamente" los hechos delictivos que le atribuye la juez, que le ha imputado sendos delitos de fraude y cohecho, mientras que también ha asegurado que "no ha tenido ni tiene nada que ver" con el Instituto Municipal de Deportes (IMD).

   Torrijos ha precisado que, tras decir todo lo anterior, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar --tal y como hizo el pasado jueves ante la Guardia Civil-- dado que no conoce las actuaciones al estar el caso bajo secreto de sumario, aunque ha anunciado su "voluntad" de solicitar voluntariamente comparecer ante la instructora una vez se levante dicho secreto y "conozca" los hechos que se le imputan.

   Hay que recordar que Torrijos también está imputado por las presuntas irregularidades en la Fundación 'DeSevilla' y en la causa de la venta "fraudulenta" de los suelos de Mercasevilla, donde la Fiscalía le ha pedido dos años de cárcel y ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de fraudes y exacciones ilegales.

   Manuel Gómez Lobo (PSOE) también se ha negado a declarar y se ha limitado a señalar que "no está de acuerdo con las imputaciones que se le han hecho", mientras que José Manuel García sí ha respondido a las preguntas de la magistrada "porque no tiene nada que ocultar" y ha defendido que "no ha cometido ningún acto ilegal ni ninguna actuación irregular o delictiva".

GARCÍA (IU) SIGUE IMPUTADO

   En su interrogatorio, según las fuentes del caso consultadas, la juez Alaya le ha cuestionado por varios expedientes concretos, entre ellos expedientes relacionados con la adjudicación de obras y mantenimiento en campos de fútbol vinculados al Instituto Municipal de Deportes (IMD) y con las instalaciones deportivas de Ifni, ubicadas en el barrio de Heliópolis.

   García, asimismo, ha sido cuestionado por los periodistas en relación a las declaraciones en las que el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, aseguró que en este caso se aplicará el "código ético" de IULV-CA y García tendrá que dimitir de su cargo si se mantiene la imputación en el marco de la operación 'Enredadera' tras su declaración ante la magistrada.

   En este sentido, García ha dicho que es un tema que se tendrá que resolver "en el ámbito de la organización" y que "este no es el momento" de abordar el asunto. "Yo con mi organización no me tengo que defender, estamos sujetos a unas normas internas que democráticamente" se han establecido, ha indicado.

   "Hasta ahora nunca me había preocupado de estos temas, pues nunca había estado imputado en un procedimiento judicial", ha afirmado García.

   Fuentes del caso han precisado que la Fiscalía de Sevilla habría solicitado como medida cautelar distintas fianzas de responsabilidad civil para Torrijos, García y Gómez Lobo, aunque su cuantía no ha trascendido al encontrarse el caso bajo secreto de sumario.

32 DETENIDOS

   La operación 'Enredadera' se saldó con 32 personas detenidas, de las que tres permanecen en prisión, entre ellos Antonio Rodríguez Jurado, exgerente de ADIF en Sevilla que cobró 428.000 euros en 'mordidas' y que podría dejar la prisión si abona una fianza de 90.000 euros, y Enrique José Finch Ramos, directivo de ADIF Córdoba a quien la juez acusa de haber cobrado en comisiones 1.004.624 euros entre los años 2003 y 2012.

   También permanece en prisión el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras, que podría salir en libertad si paga 180.000 euros.

   Entre los detenidos que fueron puestos en libertad por la juez se encuentra Antonio Miguel Ruiz Carmona, que desempeñó el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el Ayuntamiento hispalense cuando dicha área era responsabilidad del primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y que fue cesado como miembro de IU en la comisión de Mercados Ambulantes tras su detención.

   Según la juez, este exasesor de IU habría cobrado 155.000 euros en comisiones, 70.000 de ellos en una caja de zapatos antes de las elecciones municipales de 2011.