El 25 de abril se cumplen 20 años de la rotura de una balsa de residuos tóxicos de la mina de Aznalcóllar que contaminaron el entorno de Doñana sin que la Junta haya logrado que la empresa Boliden pague los 89 millones que costó la limpieza y con una investigación abierta por filtraciones de la zona sellada.


La reclamación de la factura al grupo sueco que explotaba la mina entonces lleva dos décadas en un "peregrinaje judicial" -así lo definió el Supremo- que en 2015 volvió al punto de partida.

La vía penal -por la que un juzgado de Sanlúcar la Mayor llegó a imputar a una veintena de técnicos de Boliden, la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente- se cerró pronto (en 2000 el juzgado la archivó y la Audiencia de Sevilla lo confirmó en 2001).

La Junta presentó entonces una demanda civil que cayó en el juzgado de instrucción 11 de Sevilla, que en 2002 la inadmitió declarándose incompetente (la Audiencia lo confirmó en 2003).

Ante ello, en 2004, el Consejo de Gobierno acordó imponer a Boliden una multa por los 89 millones para poder exigirla por la vía contencioso-administrativa, pero el grupo minero recurrió y tanto el TSJA (en 2007) como el Supremo (2011) le dieron la razón.

Cerradas todas las vías, la Junta planteó a la Sala de Conflictos de Competencias del Supremo cómo podía exigir el dinero a Boliden y ésta dictó que por la vía civil y ordenó devolver el caso al juzgado 11 de Sevilla que instruyó la primera demanda.

Así, en 2015 la Junta volvió a presentar la demanda de responsabilidad civil al mismo juzgado que en 2002 la inadmitió, donde lleva tres años entre la traducción de documentación para ir contra la matriz sueca (la filial española está en concurso de acreedores) e intercambio de escritos entre las partes.

Con todo, el viceconsejero de Medio Ambiente, José Luis Hernández, se ha mostrado optimista en "conseguir que los responsables de ese vertido respondan ante los andaluces".

Ha valorado que el pleito "ya no está en el limbo, hay un juzgado que se ha hecho cargo y tendrá que haber una sentencia" que confía haga efectivo el principio de que "quien contamina paga".

Un principio que recogió la directiva europea en 2004 y la Ley española de Responsabilidad Ambiental de 2007, ninguna de las cuales existía en 1998 lo que -alega Hernández- "nos ha perjudicado mucho".

Con los 89 millones que la Junta exige a Boliden se retiraron 6 millones de hectómetros cúbicos de lodos tóxicos vertidos sobre 4.600 hectáreas que arrasaron cultivos, mataron toneladas de peces, contaminaron miles de aves y se quedaron a las puertas de Doñana gracias a un dique de urgencia.

La mayoría de los lodos contaminantes se almacenaron en una corta de la mina sellada herméticamente para que, aunque dentro fluya agua (por lluvias y escorrentías), nada salga al exterior.

Sin embargo, en 2015, agentes del Seprona alertaron en un informe de niveles altos de toxicidad y materiales pesados en el río Agrio, afluente del Guadiamar que riega Doñana y que es el río que en su día se contaminó con el vertido.

Fue en un informe en el marco del pleito judicial por la adjudicación al grupo Minorbis de los derechos para volver a explotar la mina, que la Junta decidió reabrir en 2013 y cuyo concurso impugnó la otra empresa que concurrió, Eméritas.

El informe fue remitido a un juzgado de Sanlúcar la Mayor que abrió de nuevo una investigación por posible delito medioambiental y aunque dos informes de la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aseguran que no hay filtraciones y los residuos están aislados, el fiscal de Medio Ambiente en Sevilla, Javier Rufino, pidió un contrainforme de los biólogos peritos de la Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente de Madrid para asegurarse.

Para Rufino, hay que verificar "si ha funcionado la labor tan costosa para la administración" que se hizo limpiando y sellando la zona porque si los arroyos del exterior de la corta "tienen niveles de tóxicos del mismo tipo de los que hay dentro es que está llegando" y entonces "tenemos un problema" admite.

Los peritos de la Fiscalía, con efectivos del Seprona y de Toxicología, hicieron un completo muestreo hace dos meses y está pendiente la "interpretación global" de los datos recogidos.

El viceconsejero de Medio Ambiente sostiene que los controles permanentes "no revelan afección a la biodiversidad" y cree que el sellado de los residuos es correcto aunque "puede que haya filtraciones que no supongan riesgo ambiental".

Defiende que además de limpiar, el Corredor Verde hecho en las márgenes del Guadiamar es "uno de lo mayores trabajos de recuperación medioambiental en Europa" y desde 2005 ya se constató la "recuperación efectiva del río, la fauna y la flora".

Pero la sombra de la duda pesa cuando además, pleitos aparte por el concurso, la actividad minera volverá a la zona tarde o temprano (de momento la adjudicataria se limita a trabajos preparatorios) entre el aplauso de los vecinos por el empleo que creará, las reticencias de los ecologistas y la confianza de la Junta en que la ley es hoy mucho más "garantista" y los controles para autorizar toda actividad suficientemente exigentes para minimizar riesgos.