Se ha celebrado esta mañana la segunda reunión en torno al expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) promovido por Cobre las Cruces para su plantilla de la mina a cielo abierto de Guillena, Salteras y Gerena, extremo derivado del corrimiento de tierras acontecido recientemente en la corta minera y de la orden de la Junta de suspender durante seis meses la extracción de mineral, un procedimiento que afecta a 25 trabajadores por un periodo que finalizaría el 30 de septiembre.

Según ha informado a Europa Press Manuel Ponce, secretario general de Metal, Construcción y Afines (MCA) de la Federación de Industria de UGT-Sevilla, en esta reunión los representantes de la plantilla de la mina (UGT, CCOO y CGT) han pedido a la representación de Cobre las Cruces, perteneciente a la multinacional canadiense First Quantum, que "minimice" el número de trabajadores afectados por el ERTE, fijado en 25 empleados de una plantilla de más de 250 personas.

Y es que según Manuel Ponce, del "análisis" de la documentación que sustenta el ERTE se desprende que no median "suficientes causas justificadas" para que los seis meses de suspensión de empleo alcancen a un total de 25 trabajadores. La negociación continuará el próximo lunes 4 de marzo, cuando la empresa habría de responder a esta petición según Ponce, quien ha precisado que los sindicatos no han propuesto un número concreto de trabajadores al que reducir los efectos del ERTE.

Tras aquel corrimiento de tierras, saldado sin daños para las personas pero el derrumbe de gran cantidad de tierras sobre el fondo de la corta minera, extremo que llevaba a la Junta de Andalucía a paralizar durante seis meses las labores extractivas en la misma, Cobre las Cruces recordaba que dicha orden de la Junta no afectaba a la planta hidrometalúrgica, que cuenta con material de cobre acopiado para mantener la producción durante seis o siete meses sin recibir nuevos minerales, anunciando que dicha instalación reanudaba la producción de cátodos de cobre.

Manuel Ponce, en ese sentido, ha manifestado que la decisión de promover un ERTE prueba que pese a la reactivación de la planta hidrometalúrgica, el complejo minero "no está al cien por ciento" de funcionamiento.

Previamente, por cierto, CCOO había avisado ya de expedientes de regulación temporal de empleo en las subcontratas que trabajan para Cobre las Cruces.

Entretanto, la empresa ha manifestado su compromiso de "desarrollar los trabajos para estabilizar y reacondicionar la corta minera, con el objetivo de reanudar la normalidad de la actividad extractiva una vez se cuente con la autorización de las administraciones competentes", toda vez que la Junta ha ordenado a la empresa la elaboración de un informe preliminar donde se reflejen las posibles causas del incidente, así como las labores proyectadas para salvaguardar la seguridad de las personas, bienes y derechos, la integridad de la superficie, la conservación del recurso y de las instalaciones, así como posibles afecciones al resto de elementos del complejo minero, dominio público hidráulico y al medio ambiente.

COBRE LAS CRUCES
La producción de cátodos de cobre de este recinto comenzó en junio de 2009, constituyendo un claro activo económico para su área de influencia y una indudable fuente de empleo.

En 2016, no obstante, varios directivos de Cobre las Cruces fueron condenados por un delito contra el medio ambiente y otro de daños al dominio público, a cuenta de la detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la práctica de 20 sondeos no autorizados y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes a este cauce hídrico explotado por la empresa minera, hechos todos ellos denunciados en 2008.

Además, el complejo minero fue escenario en 2010 de un accidente laboral saldado con la muerte de un operario y otros dos heridos graves, al liberar pulpa ácida una válvula de la planta hidrometalúrgica de la mina a consecuencia de la fractura sufrida por una conducción de las instalaciones.

Más recientemente, el Tribunal Supremo desestimaba el recurso interpuesto por Cobre las Cruces contra el acuerdo del Consejo de Ministros que le imponía una multa de 923.091 euros y una indemnización de 276.927,45 euros, por daños al dominio público hidráulico de la masa de aguas subterráneas Gerena-Posadas, toda vez que en 2014 se incoaba una nueva causa judicial contra la empresa, por presunto "abuso y sobreexplotación" del acuífero Niebla-Posadas.