El juicio contra 34 miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) acusados de coacciones y daños durante una huelga en 2008 ha quedado este martes visto para sentencia tras una última sesión en la que la Fiscalía ha retirado su acusación y pedido la absolución de todos los encausados.

Los hechos que se enjuician en el Juzgado de lo Penal 4 de Sevilla ocurrieron del 25 al 27 de noviembre de 2008 en la finca La Jarilla, en La Rinconada, donde los procesados acudieron para "presionar a los trabajadores de la finca para que iniciaran o continuaran una huelga", según el escrito de acusación del Ministerio Público, que solicitaba 23 meses de cárcel para cada uno.

Durante las cuatro sesiones del juicio ninguno de los acusados asistió ni declaró ante la jueza, ya que tenían derecho a ello al ser la petición de condena inferior a dos años, y los testigos, la mayoría jornaleros de la finca, no pudieron concretar con nombres y apellidos quién les impidió trabajar.

En la última sesión ha comparecido el capataz de la finca en el momento de los hechos, que ha declrado que no se acuerda de quién causó los daños a las instalaciones y a la maquinaria agrícola.

En sus conclusiones, el fiscal ha retirado las acusaciones contra todos los procesados y ha pedido una sentencia absolutoria basándose en que "no se puede criminalizar la conducta de un grupo, sino la de un individuo", y esa individualización "no ha quedado acreditada".

"Se ha probado que se causaron desperfectos en los accesos a la finca y la maquinaria agrícola, pero también que los acusados ejercían su derecho a manifestarse. No se ha probado quiénes fueron los autores materiales de los daños ni quiénes impidieron trabajar a los jornaleros", ha reconocido el fiscal.

El representante del Ministerio Público también ha recordado que las tres acusaciones iniciales se han reducido a una sola porque los "principales perjudicados", la sociedad propietaria de la finca y el dueño del tractor dañado, "han desistido de la acción penal y también de la civil".

En cuanto a la sucesión de testimonios, el fiscal ha concluido que "no hay ni una versión incriminatoria ni una versión no incriminatoria".

La defensa de los sindicalistas, a cargo del bufete Legalcores, ya había solicitado la libre absolución de sus clientes basándose en que el Tribunal Supremo había archivado el caso contra uno de los máximos responsables del SAT, Diego Cañamero, aforado entonces al ser diputado.

"Si se celebra el juicio, se estará vulnerando el derecho a la igualdad. No estamos ante casos semejantes, sino ante los mismos hechos. El propio Supremo identifica a Cañamero como autor, mientras que los procesados no tenían ese papel director", indicó a Efe el abogado David Rodríguez.

Antes de que comenzase el juicio, la Fiscalía reclamaba una pena de 23 meses de cárcel para cada uno de los acusados, así como el pago solidario de una indemnización de 3.060 euros.