La Fiscalía anticorrupción ha pedido al juzgado valenciano que investiga el posible fraude de subvenciones públicas a empresas de Francis Puig, hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig, y a otro empresario que prorrogue durante seis meses más la investigación donde ambos están imputados.

En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal justifica su solicitud en que este procedimiento tiene aún pendiente el resultado de los informes periciales pedidos a los gobiernos valenciano y catalán para averiguar las cantidades presuntamente obtenidas de forma indebida.

"De su resultado -añade- es fácilmente deducible que puede derivarse la práctica de otras pruebas de naturaleza documental o testifical, para la determinación del presunto delito de falsedad documental, y en su caso, delito de fraude de subvenciones".

También señala que tanto Francis Puig como el empresario Enrique Adell Bover, que han declarado ya como imputados ante el juzgado, deben aún aportar las justificaciones de las facturas cuyo abono no ha sido acreditado en el informe de la Policía Judicial de Delitos Económicos, de las cuales podrían derivarse diligencias de prueba.

Asimismo, está pendiente la declaración de un testigo que se encontraba en la Dirección General de Política Lingüística cuando sucedieron los hechos investigados.

Anticorrupción, por último, solicita al juzgado la práctica de nuevas diligencias para comprobar la facturación aportada a las solicitudes de subvención con varios proveedores entre los años 2015 y 2018 "con el fin de acreditar la realidad de los servicios prestados".

"Teniendo en cuenta la complejidad de la diligencia -señala la Fiscalía en otro auto donde especifica las nuevas pruebas solicitadas-, procede delegar en el equipo de Policía Judicial de Delitos Económicos, que deberá realizar informe complementario sobre los proveedores que han emitido las facturas".

Así, en relación con las empresas Comunicacions dels Ports y Masmut Produccions, ambas de Francis Puig, se solicita esa nueva diligencia para un total de 41 facturas, y respecto a Canal Maestrat, de Adell Bover, se pide para nueve.

La investigación judicial nació de una querella presentada por el PP y se centra en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del president desde la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón.

En la causa constan como investigado, además de Puig y Adell, el director general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Rubén Trenzano.

El titular del citado juzgado ha pedido información a los gobiernos valenciano, catalán y aragonés, así como a Hacienda, sobre la contabilidad de varias mercantiles para investigar varios tipos de subvenciones recibidas entre 2015 y 2018 por los citados empresarios.

En concreto, se investigan subvenciones para el fomento del valenciano, para el fomento del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local.