La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de prisión para el exministro y expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las ITV valencianas.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público pide el decomiso de 20,6 millones de euros, cantidad de la que supuestamente se apropiaron tanto Zaplana como el resto de procesados, otras catorce personas, en una operativa de supuestas mordidas que se desviaron a paraísos fiscales.

Según el auto de procesamiento, existen indicios de la existencia de una organización formada por personas que, aprovechándose algunas de ellas de los cargos políticos que tenían o habían tenido, a lo largo de los años junto a varias empresas ya existentes o creadas ex profeso, y ayudadas por empresarios, facilitaron la obtención de contratos públicos; todas las partes lograron beneficios económicos que posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos.

Los presuntos delitos que cita el auto son organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental, y como presuntos autores apunta a una veintena de personas, entre ellas Eduardo Zaplana, Joaquín Barceló Llorens (testaferro), los empresarios Vicente y José Cotino Escrivà, el también expresident de la Generalitat Valenciana y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras.

Los investigados, "dirigidos por" Zaplana, según la instructora, formaban un grupo cercano al expresident por vínculos de amistad, como en el caso de Joaquín Miguel Barceló Llorens, o por haber tenido relación con ellos por la posición política que ostentó y las relaciones que tuvo desde su cargo público, y ello con el fin de poder obtener ganancias ilícitas.

Se ayudaban en la consecución de este fin de Francisco Grau Jornet, Juan Francisco García Gómez, jefe de gabinete con Zaplana en la Generalitat, Mitsuko Flerida, su secretaria personal, Joaquín Miguel Barceló Llorens y otros, y especialmente de parte de los empresarios que formaban el grupo Sedesa -Vicente Cotino Escrivá y José Cotino Escrivá-, y el ya fallecido Juan Cotino -expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía-, usando sociedades como Asedes Capital.

Tras la privatización de las ITV y la ordenación territorial de los Parques Eólicos, objeto del procedimiento y un proceso que se inició en el periodo en que Zaplana presidió la Generalitat Valenciana, los concursos públicos sobre los que se abrió licitación fueron adjudicados a Proyectos Eólicos Valencianos (participada por Endesa, Bancaja y Levantina de Obras y Edificios, y más tarde Inversiones Imison) en tres de las zonas.