La jefa de Conservación de Patrimonio Nacional, Pilar Benito, ha asegurado ante la jueza que la investiga por un informe sobre los bienes del Pazo de Meirás que nadie se lo ordenó, sino que lo hizo a iniciativa propia, mientras una exdirectiva de Patrimonio ha asegurado que lo mandó la abogada general del Estado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha tomado declaración este lunes a la única querellada en este proceso, abierto por la familia Franco contra la jefa del Servicio de Conservación de Patrimonio Nacional por la elaboración de un informe en noviembre de 2020 sobre el inventario de los bienes del Pazo de Meirás, que ya es propiedad del Estado.
También ha tomado declaración como testigos a Pilar Navascués, entonces responsable del Museo de Colecciones Reales de Patrimonio, al exgerente de esta entidad, José Luis Masegosa, y al subdirector general de Patrimonio de la Xunta de Galicia.
Las declaraciones han tenido lugar después de que recientemente la magistrada acordara la continuación del procedimiento frente a la solicitud de sobreseimiento de la querellada, una decisión que es firme porque el abogado del Estado presentó recurso fuera de plazo y la Fiscalía no recurrió, han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Pilar Benito ha estado representada por la jefa de lo Penal de la Abogacía del Estado, Rosa Seoane, quien ha declinado hacer declaraciones por el momento.
Fuentes jurídicas ha precisado que Benito ha negado que recibiera órdenes de hacer ese informe, adicional a un simple inventario, sino que fue algo que entendió que tenía que hacer, y ha destacado que ella no precisaba en el documento que determinados bienes fueran del Estado, sino "que tenían su origen en las colecciones reales".
Ha reconocido que hizo fotos con su móvil a las piezas del inventario, según las fuentes.
Esta declaración ha contrastado con lo testificado por la que era entonces responsable del Museo de Colecciones Reales de Patrimonio, Pilar Navascués, quien ha relatado a la juez que la llamó la jefa de gabinete de la entonces presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, porque la abogada general el Estado, Consuelo Castro, pedía un informe sobre lo que era del Estado en el pazo.
Navascués tenía que encargar a un técnico ese trabajo y se lo encomendó a Pilar Benito, ha explicado ante la jueza, corroborando la versión que ya dio en junio Llanos Castellanos, que ya no ostenta el cargo tras ser nombrada directora adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Por su parte el dirigente de Patrimonio en la Xunta de Galicia ha confirmado que Benito fue a auxiliar en la redacción del inventario, y que él anexó el trabajo que hizo a su inventario oficial.
El pasado mes de julio los nietos de Franco solicitaron la imputación en esta causa de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, una cuestión sobre la que aún no se ha pronunciado la magistrada, al entender que el informe que hizo Benito fue por "solicitud directa" suya.
Los querellantes consideran que ese documento, que otorgó la titularidad de la mayoría de los bienes del Pazo al Estado, se hizo fuera del procedimiento judicial y para el perjuicio de la familia Franco, con "unas conclusiones ajenas a la imparcialidad, fuera de cualquier comprobación razonable", según el escrito al que tuvo acceso Efe.
La querella pide investigar delitos de prevaricación, falsedad en documento público, revelación de secretos, falsedad o alteración de dictamen o testimonio pericial y estafa procesal en grado de tentativa.
