La representación de la defensa de al menos uno de los casi cuarenta detenidos en la operación Jumita contra una organización de tráfico de cocaína a través del Puerto de Algeciras y el blanqueo de los beneficios obtenidos, ha solicitado la nulidad de las escuchas practicadas durante la investigación, ya que, según alegan, fueron autorizadas por el FBI estadounidense, y no por las autoridades españolas.
El bufete de Marcos García Montes, que representa a uno de los acusados, indica en el recurso de apelación que se está produciendo “una flagrante vulneración de derechos fundamentales” debido a que las intervenciones telefónicas se llevaron a cabo “sin auto alguno habilitante”, y que “se almacenaron a partir de una aplicación encriptada creada por el propio FBI, a pesar de ser conversaciones mantenidas fuera de su jurisdicción” y que pese a “las patentes vulneraciones”, toda vez que la prueba “debe ser considerada ilícita, los investigados en el mismo continúan privados de libertad”.
La operación Jumita, dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Algeciras y la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar, permitió la detención de 35 personas. La Guardia Civil cifró en 15 millones de euros el dinero intervenido.
