Ecologistas en Acción "muestra públicamente su satisfacción por la Sentencia de la Sala nº 3 de lo Contencioso Administrativo de Cádiz que anula la multa de 601 € que el gobierno municipal impuso de forma arbitraria a Salvador González Mateos, miembro de Ecologistas en Acción, condenando al Ayuntamiento del Puerto de Santa María a pagar las costas".
El colectivo conservadocionista reconoce en un comunicado que:
"Los hechos se remontan al verano de 2020, cuando Salvador González organizó una campaña en la urbanización de El Manantial para exigir un eficiente servicio de recogida de residuos urbanos, y para concienciar a la ciudadana en favor de la recogida selectiva y el reciclaje.
Ante la ausencia de contenedores de recogida selectiva para el reciclaje de residuos, y tras la reiterada e infructuosa petición al Ayuntamiento para que los instalara, Salvador González organizó una original isleta de reciclaje en la zona, no sólo para favorecer esta práctica entre sus vecinos, sino para llamar la atención por la incapacidad y mala gestión de los responsables municipales. Los residuos clasificados eran transportados por él mismo hasta los contenedores municipales, o hasta el punto limpio de la ciudad, evitando que todo ese material acabara en el vertedero de Las Calandrias, que es donde los deposita la empresa concesionaria FCC.
Tras dos meses de exitosa campaña, un desproporcionado despliegue policial se presentó en su casa, conminándole a que retirara toda la “basura”, lo que así hizo tras intentar infructuosamente dialogar y convencer a los policías que no era “basura”, sino una glorieta de reciclaje. El ayuntamiento de El Puerto (PP-Cs) ha pretendido aplicar a un activista la Ley de Seguridad Ciudadana como si fuera un vulgar delincuente. González siempre se ha caracterizado por su trayectoria pacifista y su compromiso cívico, no sólo como socio de Ecologistas en Acción, sino como dirigente vecinal, habiendo sido Presidente de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (FLAVE) y de la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FLAMPA).
El despliegue policial intimidatorio, y la sanción de 601 € fue una represalia política por la campaña reivindicativa que estaba desarrollando, y que puso en evidencia el mal funcionamiento del servicio de recogida de basuras y las irregularidades en que incurre, incumpliendo FCC el contrato suscrito con el Ayuntamiento.
El Decreto de iniciación del procedimiento sancionador lo firmó la Teniente de Alcalde de Seguridad, que acusó a Salvador González de “desobediencia reiterada a los agentes”, lo que se ha demostrado que es manifiestamente falso.
La sentencia es contundente, y desmonta el burdo montaje de los policías municipales que intervinieron, y de los responsables municipales que promovieron esta represalia, y deja en evidencia la mala fe de invocar a la Ley de Seguridad Ciudadana, la tristemente famosa ley mordaza. La sentencia destaca que el denunciado mantuvo una actitud pacífica y reivindicativa, y reconoce que las acciones promovidas por González están amparadas por la libertad de expresión, libertad que han intentado vulnerar los responsables del Ayuntamiento.
Tras este varapalo a las acciones represivas del Ayuntamiento y el respaldo judicial al derecho de la ciudadanía a denunciar el desastroso sistema de recogida de residuos en El Puerto, el alcalde, Germán Beardo, la concejala de Seguridad, Marina Peris, y el concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, deben dar explicaciones de por qué sancionaron a un vecino por ejercer sus derechos constitucionales, y por promover el reciclaje de residuos, y por qué el ayuntamiento no recicla prácticamente nada. Todos ellos deben hacerse cargo solidariamente del pago de las costas.
