El Parlament ha cerrado el año 2021 sin haber aprobado ninguna ley más allá de los Presupuestos de la Generalitat para 2022 y la ley de acompañamiento a las cuentas, y abrirá el próximo año con 35 leyes pendientes y cinco comisiones de estudio.
Esta baja actividad parlamentaria, que contrasta con las 19 leyes aprobadas en 2020, las 10 de 2019 y las 3 de 2018 --parte de ese año estuvo marcado por la aplicación del 155--, se puede achacar a la paralización de la Cámara catalana por las elecciones del 14 de febrero y las dificultades para arrancar la legislatura y formar Govern.
El 2021 ya comenzó con el Parlament disuelto por la convocatoria electoral y en los tres primeros meses del año estuvo pilotado por la Diputación Permanente, que se encargó de aprobar decretos del Govern ante la pandemia y también acogió las comparecencias de miembros del Govern para explicar las medidas sobre el coronavirus y sobre los disturbios provocados por las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.
PARÁLISIS POR LA INVESTIDURA
Tras los comicios del 14 de febrero, la nueva legislatura se constituyó el 13 de marzo eligiendo a Laura Borràs como presidenta del Parlament y a partir de ahí comenzaron los plazos de la investidura.
La falta de acuerdo entre ERC y Junts y los dos intentos fallidos para investir a Pere Aragonès dilataron la parálisis en la Cámara catalana durante la primera mitad del año hasta que los socios del Govern desbloquearon las negociaciones y el 21 de mayo el candidato republicano fue investido presidente de la Generalitat.
Con el Govern constituido, el Parlament comenzó su actividad habitual, que en el último tramo del año se ha centrado en la tramitación de los Presupuestos, además de comenzar a tramitar iniciativas legislativas, validar decretos del Govern y poner en marcha varias comisiones de estudio.
Así, las únicas leyes aprobadas este año han sido los Presupuestos catalanes para 2022 y la ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público que la acompaña, que han salido adelante gracias al aval de los comuns y tras el fracaso de las negociaciones con la CUP, a quien el Govern había fijado como socio prioritario; y es la primera vez desde 2010 que los Presupuestos estarán vigentes el 1 de enero.
Además, este año el Parlament ha validado 26 decretos ley del Govern, prácticamente la mitad que el año anterior, en el que se validaron 50, una cifra récord al ser la manera en la que el Ejecutivo catalán adoptó medidas urgentes para hacer frente a la pandemia, mientras que en 2021, con la mejora de la situación sanitaria, ha habido tanto decretos sobre el coronavirus como de otros temas, como las energías renovables o la violencia vicaria.
LEYES PENDIENTES
Tras este 2021 con baja actividad legislativa, la Cámara catalana abrirá el nuevo año tres proyectos de ley impulsados por el Govern en tramitación y 26 proposiciones de los grupos parlamentarios, además de cinco iniciativas legislativas populares (ILP) y una propuesta de ley para llevar al Congreso de los Diputados.
Aparte de la ley de la ciencia y la ley de medidas organizativas en el ámbito de la atención sociosanitaria, entre los proyectos del Ejecutivo está la creación del fondo que el Govern impulsó para hacer frente a las fianzas que pedía el Tribunal de Cuentas a decenas de excargos de la Generalitat por la política exterior durante el proceso independentista y que el Parlament validó como decreto pero también aprobó tramitarlo como proyecto de ley para incorporar las modificaciones que sugería el Consell de Garanties Estatutàries (CGE).
Otra de las actividades parlamentarias que habrá este año serán las cinco comisiones de estudio que están activas en la Cámara, entre las que destaca la que aborda el modelo policial presidida por la líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater.
JUDICIALIZACIÓN
Aunque en 2021 la judicialización de la política catalana habitual desde el inicio del proceso independentista no ha afectado tanto a la actividad parlamentaria como años anteriores, el año ha terminado con la inhabilitación del diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por desobediencia cuando era concejal en Lleida.
De momento, el Parlament en la Comisión del Estatuto del Diputado acordó mantener el escaño a Juvillà hasta que haya sentencia firme, pero la Junta Electoral Central (JEC) ya ha emitido una resolución defendiendo que debería haber perdido el acta de diputado y pidió a la Cámara catalana informar sobre las decisiones que había tomado, por lo que puede suponer un nuevo litigio a inicios del año.
Además de Juvillà, hay varios diputados en el hemiciclo con causas judiciales abiertas que pueden avanzar en 2021 y la más relevante es la que tiene la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por presuntas irregularidades cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y que ahora mismo está en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
De hecho, una de las incógnitas será qué decisiones se tomarán si Borràs acaba siendo inhabilitada, una cuestión que ya suscitó una polémica en octubre cuando los servicios jurídicos de la Cámara elaboraron un informe que plantea suprimir el artículo 25.4 del reglamento que establece la suspensión de un diputado cuando se le abre un juicio oral por una causa relacionada con la corrupción, una modificación que podría beneficiar a la presidenta del Parlament, pero que de momento ningún grupo ha planteado llevar a cabo.
Más allá de Borràs, también tienen causas judiciales que podrían acabar con su inhabilitación los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por el 1-O; la también republicana Meritxell Serret que volvió de Bélgica; el de Junts Lluís Puig que sigue en Bruselas, y Dolors Sabater (CUP) por un presunto delito de prevaricación cuando era alcaldesa de Badalona.
