El Pleno municipal ha vuelto a pedir ayuda a las administraciones públicas para acabar con el problema de infravivienda que existe en la barriada de San Juan de Dios, una operación que precisaría de alrededor de 22 millones de euros.
En concreto, en esta ocasión se insta a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a remitir al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una propuesta de actuación en esta barriada en el marco del programa número 12 del Plan Estatal de Vivienda.
Se trata en definitiva de aprovechar los fondos Next Generation para derribar los seis bloques de viviendas que quedaron por demoler antes del inicio de la crisis económica y el posterior realojo de sus vecinos en edificios de nueva construcción, culminando así el proyecto que la empresa municipal Emuvijesa promovió en 2002.
La iniciativa fue impulsada por la concejal de Ganemos Jerez Kika González y contó con el respaldo de todas las formaciones políticas.
Desde el Gobierno local se recordó que la Junta dispone de 373 millones para el Plan de Vivienda, de los que 200 millones son para rehabilitación y 173 millones para alquiler. En ningún caso se contempla por tanto una actuación de estas características, que implica el derribo de los edificios actuales y la construcción de otros nuevos.
La alcaldesa, Mamen Sánchez, recordó que “el proyecto” de la nueva barriada “está hecho”, pero precisa de esa financiación externa, toda vez que para el Ayuntamiento resulta inasumible acometer una obra de esta envergadura. Tampoco hay posibilidad de cofinanciar la ejecución del proyecto.
En noviembre de 2020 el Pleno ya aprobó otra proposición de características similares instando tanto al Estado como a la Junta a la inclusión en sus respectivos planes de viviendas la necesaria regeneración de la barriada de San Juan de Dios.
Se da además la circunstancia de que el Ayuntamiento es propietario de 178 de las 360 viviendas que se distribuyen por los seis edificios pendientes de demolición.
Un informe de Cáritas advirtió en 2018 de que el 39 por ciento de las viviendas de San Juan de Dios tenía entonces problemas estructurales como consecuencia de la mala calidad de la edificación, el incumplimiento de la normativa en el proceso de construcción y la falta de mantenimiento por parte de la administración pública.
En ese estudio se concluía que el 20 por ciento de las viviendas presentaba un “elevado grado de deterioro o estado ruinoso”; el 40 por ciento tenía defectuosas las instalaciones de electricidad; y el 34 por ciento la del agua, con el peligro que ello entraña.
El paso del tiempo y la falta de actuaciones están agravando un problema que precisa de un fuerte desembolso económico únicamente asumible con la intervención de todas las administraciones públicas.
