La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha señalado hoy las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres que residen en asentamientos chabolistas, donde se cruza la etnia, raza u origen social con la propia discriminación por ser mujer.
“Cuando las mujeres decimos que nos discriminan, si además tenemos en cuenta una orientación sexual o una raza diferente a las que se consideran normales, están mucho más discriminadas, sufren las peores formas de discriminación”, ha dicho a los medios antes de visitar un asentamiento en Níjar (Almería) junto a la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho.
Por ello, ha manifestado que hay que hacer un especial esfuerzo para detectar los casos de violencia y discriminación que sufren no sólo por cuestione racionales, sino por el “hecho de ser mujer”, apuntando que existen casos “muy preocupantes de violencia sexual” pero también laboral.
Así, cree que es preciso aplicar una especial perspectiva de género y atender estos casos en asentamientos dando una salida a dichas mujeres, algo que pasa, afirma, por un plan urgente de medidas en el que participen todas las administraciones y actores sociales que trabajan en esta materia.
Indica que el primer paso es dar una vivienda digna que sustituya las “condiciones indignas de vida” en los asentamientos, así como dar una alternativa laboral a aquellas que sufren la explotación sexual y la prostitución para que puedan salir de dicha situación. “No es suficiente ponerse las gafas feministas, también las antirracistas”, ha subrayado.
Considera que se deben redoblar los esfuerzos para detectar estos casos porque “en nuestro país, si uno coge el coche de Almería a Pontevedra, ésta todo lleno de puticlubs y nadie está hablando de esto”. De esta forma, lamenta que “durante décadas” no se haya adoptado ninguna medida para clausurar estos locales.
Tras esto, ha reclamado que se aceleren los trámites de la ley de libertad sexual, porque permitirá perseguir a los dueños de estos locales que se “lucran” con la explotación sexual de las mujeres, una deuda que la democracia tiene “pendiente”.
Ha recordado además que el 90% de las personas que viven en asentamientos como los de Almería, Huelva, Madrid o Barcelona pertenecen a grupos étnicos que sufren diferentes formas de discriminación.
Además, ha apuntado que ahora se vive en las “puertas de Europa” una guerra como “hacía décadas que no se vivía, con la invasión criminal de Ucrania por parte de Putin”, algo que derivará en una situación de crisis humanitaria ante la que la Comisión Europea y el Gobierno de España han adoptado unas medidas que son “una buena noticia”.
“Queremos esforzarnos más, tener una mirada muy atenta a las posibles mujeres víctimas de la trata en la frontera” o tras su acogimiento, ha añadido, precisando que desde hoy el 016 atiende también en ucraniano para que estas mujeres o las entidades que las acogen puedan denunciar cualquier posible caso de trata.
Con todo, ha insistido en que las medidas de acogida en España no pueden ser para unos “pocos” porque aún quedan “miles” de solicitudes por resolver y el país es la frontera sur de Europa.
