El pasado sábado, 12 de marzo, recorrió el casco histórico de la localidad una histórica manifestación bajo el lema ‘No a los derribos de viviendas de primera ocupación’. Histórica porque fue convocada por toda la Corporación Municipal, es decir, por el equipo de Gobierno de Izquierda Unida, y por las fuerzas políticas de la oposición, PSOE, PP, AxSí y Cs. Y fue histórica porque la protesta busca “sensibilizar” a los jueces y fiscales para que modifiquen o revoquen unas sentencias ya emitidas contra varias viviendas irregulares del diseminado de Conil. Sentencias, que no debemos olvidar, se emitieron tras dar traslado el propio Ayuntamiento de los expedientes urbanísticos a la Fiscalía.
"Nosotros vamos a ir a por todas. Somos familias que nos quedamos en la calle y si hay que atrincherarse o construir barricadas, se hará"Ya han pasado dos semanas y Sergio Cáceres, portavoz de la Plataforma de Afectados por Viviendas Irregulares de Conil, Pavic, nos comenta que “no ha cambiado nada en nuestro día a día porque realmente no está en manos de los partidos locales que se puedan cambiar las sentencias. Las personas que están en procedimiento judicial viven una situación complica difícil de revertir”.
Respecto a lo que se podría hacer desde el Ayuntamiento destaca “poner sobre la mesa planes especiales y modificaciones puntuales al PGOU, lo cual también es complicado porque el diseminado es muy grande, aunque hay zonas más factibles. Pero ya sea por falta de medios, por incompetencia o por desidia, los PGOUs no se mueven ni aquí, ni en Chiclana… y cuando lo hacen, lo hacen mal”, como por ejemplo en Chiclana y El Puerto cuyos planes de ordenamiento “se tumbaron”.
Cáceres, que lamenta que desde el Ayuntamiento “no se prestara atención a la situación de los vecinos afectados por sentencias en sus modificaciones del PGOU”, insiste en la necesidad de “adaptar el urbanismo a la realidad”.
Al respecto cree que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, Lista, “es una intentona de dar una solución, pero las competencias en Urbanismo siguen en manos de los ayuntamientos que hacen de filtro, de cortafuego, lo que conlleva que incluso en consistorios del mismo color político que el Gobierno de la Junta, el urbanismo no funcione”.
De hecho, los AFO (Asimilados Fuera de Ordenación) y planes especiales son herramientas “que los propios ayuntamientos no quieren o pueden poner en marcha por razones que no entendemos y el problema continúa” y se agrava porque “a nadie se le escapa que la construcción de viviendas ilegales sigue desbocada en Conil, en Chiclana, en Barbate…”.
Además, los AFOs “no están mal, pero lo que te deja es regularizar, no legalizar la vivienda” y en situaciones como la de Conil, donde las casas ya tienen luz, agua, fibra óptica, es complicado “convencer al dueño de una vivienda ya prescrita que pague si no da una solución legal para el futuro”. Y en otros sitios, como El Palmar o Zahora, “si no hay infraestructuras para que lleguen los servicios, pues también es complicado que paguen”.
En todo caso, “si no tienes una sentencia, el AFO no sirve para nada”, por lo que “creo que no se pensó bien”.
En definitiva, “la Lista pone alguna herramienta pero también tiene un trasfondo ideológico porque se podrá construir en lo rústico si tienes suficientes hectáreas, es decir, está más concebida para grandes empresas y macroproyectos que para el pueblo en sí”, aunque “tengo que alabar que al menos pretende dar una solución a un problema que el PSOE nunca quiso atender”.
Frenar las construcciones ilegales
Recuerda Cáceres que cuando se conformó la Pavic “entregamos un documento en el Ayuntamiento en el que recomendábamos que una de las primeras medidas a tomar era frenar esas construcciones, algo que consideramos a día de hoy vital porque no se le puede pedir a los jueces y fiscales que ayuden a las familias afectadas mientras les sigue llegando expedientes”.
Para la Pavic es importante el contexto. Entre 2008 y 2012 “no se entendía bien la realidad, había poca concienciación sobre lo que conllevaba hacerse una casa y todo el mundo construía, desde los concejales hasta agentes de la Policía Local. Hemos crecido en la cultura de la autoconstrucción… tenías el campo de tu abuelo y te hacías la casa. Ahora se ha ido endureciendo las leyes, sabemos que conlleva derribo, multas y penas de cárcel de hasta dos años y medio, por eso hay que hacer todo lo posible por frenar esa dinámica, pero a través de campañas informativas, carteles… hay que informar bien”.
Aún así, intuyen que “los mismos ayuntamientos no han querido frenar este problema por el tema de los votos, por réditos políticos y porque es impopular”.
Frenar las construcciones “era una premisa importante porque por un lado le dices al juez que nos ayude y por otro le llegan expedientes. Al fiscal que pides que nos ayude al final le llegan al año 500 expedientes de Chiclana, 200 de Conil y 100 de El Palmar, con lo que, imagino, pensará que eso no lo estáis parando, así que lo haremos nosotros de la manera más cruel: con desahucios a familias”.
No a la vía Penal
La Pavic también se muestra contraria a que el procedimiento se lleve a cabo por la vía penal... “sí, se hizo mal, pero no somos ni violadores, ni asesinos… es un problema pero a un narcotraficante le caen tres años y a nosotros, por construir una casa en el campo del abuelo, dos años y medio de cárcel. La balanza no está equilibrada”.
“Los jueces de lo Penal no entienden de Urbanismo, es algo administrativo, en todo caso que se juzgue a través de un Contencioso Administrativo y que se pongan multas elevadas que disuade igual. Ahora es prisión, derribo, inhabilitación para trabajar en la construcción y multa”, se lamenta Cáceres quien insiste en que “no nos negamos a pagar lo que haga falta y ponernos a bien con la administración y con la sociedad”, pero “con el derribo se estigmatiza a una familia que ve que se queda en la calle mientras otras siete mil viviendas ni se las toca y además se sigue construyendo… la ley en sí no es injusta. Lo injusto es la mano en la que se dejó”.
Y es que era fácil romper la cadena de custodia de esa ley... “está en manos de concejales, de policías que vigila tu casa y no la mía, que abre y manda a fiscalía este expediente pero no el otro. La vigilancia recaía en gente del mismo pueblo que tiene primos, cuñados, amigos”.
De hecho hay unas 20 familias bajo procedimiento judicial y son siete mil las viviendas irregulares que existen en Conil. De esas 20 familias, “hay seis o siete al límite, pendientes ya de las alegaciones que presentan los abogados, a veces con estupideces solo para ganar algo de tiempo”. Familias como la de Juan Jesús, quien recibió hace una semana un auto de entrada en prisión que ha recurrido, o la de Raquel, Margarita, Cristian… advertidas de que deben derribar sus casas o entrar en prisión, que “conlleva también el derribo, pero a manos del Ayuntamiento que luego les debe pasar la factura”. O el caso de Rosario, quien ya estuvo 20 días en la cárcel y que en marzo deberá volver a entrar en prisión aunque “creo que ha decidido derribar su vivienda para evitarlo”.
Porque “detrás de muchas de estas viviendas hay familias que se verán abocadas a una situación dramática” si pierden “su única casa”. No “somos caraduras, como piensan muchas personas de fuera que así lo piensan. La realidad es más complicada y reitero la importancia del contexto porque incluso los vigilantes se construían casas. Los que tenían que evitarlo también lo hacían”.
Un ejemplo, “al lado de mi casa, a unos cien metros, tengo a una exconcejala de Campo que tiene cuatro o cinco viviendas. Incluso Juan Marín (vicepresidente de la Junta) tiene una vivienda irregular en Sanlúcar”. Otro ejemplo, “en Conil tuvo que dimitir el concejal de Policía Local porque se estaba haciendo una casa para su hijo”.
La importancia del contexto
El contexto es importante, insiste la Pavic. “Hubo un tiempo que incluso en el Ayuntamiento nos explicaba cómo hacerlo. Te decían que comenzaras a construir, luego te autodenunciabas para que no llegase la Junta y pagabas la multa como una especie de licencia de construcción”, y esa es una de las razones por las que se le pide al equipo de Gobierno que “den una explicación y se disculpe por sus errores, y así podamos luchar juntos”.
Al respecto, tras la manifestación del 12 de marzo “algo ha cambiado, pero poco. En el manifiesto que se leyó había un párrafo que hacía referencia a su responsabilidad, pero sin la contundencia necesaria. De hecho, nos hubiera gustado que ese manifiesto lo hubiera leído el alcalde”, Juan Manuel Bermúdez.
La solución “pasaría por llegar a un consenso aunque las administraciones no quieren asumir sus responsabilidades... no se construyen 300.000 casas en Andalucía sin que nadie lo sepa” y entiende que el equipo de Gobierno de IU en Conil “se centre más en apoyar los afectados en viviendas de primera ocupación por una cuestión ideológica” y en su opinión estos casos “son los más flagrantes porque no es un derribo, es un desahucio. Si tienes diez casas y te tiran una, personalmente no me va a doler igual, ni lo puedo defender igual y con la misma rotundidad que una vivienda de primera ocupación”.
Eso sí, “la plataforma no está en eso. No hablamos de primera ocupación porque somos una plataforma social abierta y no podemos hacer una criba”.
Volviendo a la responsabilidad municipal, Cáceres señala que “si dicen que no tienen medios que se quejen y se quejen. Si le mandas siete mil expedientes a la Fiscalía no se derribaría ninguna vivienda. Es más, los devolverían y les dirían tomen y busquen una solución política y administrativa”.
La Pavic aboga “por la legalización y para eso las administraciones deben ser más valientes”.
La unión, fundamental
Y también apuesta por la unión. De hecho, hace dos semanas se conformó la Federación por la Legalización y los Servicios Básicos en la que participan, junto a la Pavic, las plataformas de El Palmar y de Zahora, y en espera de que se adhieran Chiclana, El Puerto y Sanlúcar. “Afrontar individualmente el problema es un error”, señala Cáceres para insistir en que el problema de todas estas zonas, con distintos matices, es el mismo, “el urbanismo no funciona. Se puede legislar todo lo que se quiera, pero sin medios no sirve para nada. La legalización es la solución y con los costes asumidos por los propietarios. Entendemos que tenemos una parte de la culpa, pero hay que adaptar el urbanismo a la realidad. No es normal que en El Palmar, con la vida que tiene, no tengan agua potable en pleno siglo XXI”. Y lo curioso es que “luego venden la zona en Fitur”.
Es necesario que “los ayuntamientos, sean del color que sean, se sienten y ejerzan presión de forma unida, pero para ello primero deben reconocer sus errores”, y luego “políticos valientes, que no estén acomodados, que si se tienen que encerrar que se encierren, que si hay que cortar carreteras que se corten”.
Junto a la nueva federación irán ahora al Parlamento de Andalucía el día 30, cuando se celebra una comisión de fomento. Antes, el 27 la Pavic participará en la protesta de los vecinos de El Palmar.
“Vamos a ir a por todas”
Y cuando lleguen los derribos, “nosotros vamos a ir a por todas. Somos familias que nos quedamos en la calle y si hay que atrincherarse o construir barricadas, se hará”.
Cáceres reconoce que “la gente está agotada, cansada, furiosa, destrozada, decepcionada, pero aún así tiene esperanza a pesar de estar en lucha desde 2008”. De hecho, “son cabezas de turco porque algún día se tendrá que dar una solución porque no se puede derribar todas las viviendas y lo saben”.
En el diseminado de Conil hay incluso “ocho colegios rurales ilegales, en los que en teoría no se pueden hacer mejoras y alguno aparece en el catastro como solar. En uno de ellos el Ayuntamiento puso unos columpios y en diciembre cayó un pino y los reventó... es de locos. No tiene sentido. El Ayuntamiento manda albañiles pero medio a escondidas porque no se puede obrar. El despropósito es tan grande que nadie lo entiende. Un día se caerá un techo y nos lamentaremos”.
Ocho colegios en una zona donde había colonos tras la sectorización que realizó Franco. “Casi todo el mundo tenía una parcela. La mía cuenta con un asentamiento de la familia de mi mujer desde 1.943... hay que atender esta realidad”, explica Cáceres para concluir insistiendo en que “todos saben la problemática, pero no aporta caché arreglarla y cuesta mucho dinero. En Conil no es que se mirase para otro lado, es que se incentivaba estas construcciones. De hecho te daban agua y luz... aquí había un dicho que era construye ahora que vienen las elecciones”.
En definitiva, la solución pasa “por la unión de todos los ayuntamientos y los afectados para reclamarla con valentía”.
