Precisamente el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, inauguró el pasado jueves el edificio de servicios de la ZAL en lo que suponía su apertura efectiva.
Según el decreto del fiscal del 12 de noviembre de 2009 se acuerda el archivo de las diligencias informativas y remitirlas al Juzgado Decano de Instrucción de los de Algeciras a fin de que, por turno de reparto, se incoen diligencias previas y continuar con la investigación de los hechos.
Los ecologistas denunciaron a la Consejería de Obras Públicas ante la Fiscalía de Medio Ambiente en mayo de 2006, al considerar que las obras de la ZAL incurren “al menos en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente”. Por ello requieren su “paralización cautelar”.
La denuncia expone que los terrenos del sector de El Fresno Sur, donde se ubica la ZAL, constituyen una llanura de inundación situada en la desembocadura del río Palmones, destacando que en la cuenca de dicho río se han producido varias avenidas en los últimos años, siendo las más importantes las acontecidas en los meses de diciembre de los años 1990, 1995, 1996 y 2000.
Argumentación
Los denunciantes incluyen argumentos que desaconsejan las actuaciones sobre las vegas fluviales del río Palmones. Entre ellas, citaron una publicación de la Consejería de Medio Ambiente que las considera forman parte de “una de las zonas inundables más conflictivas de Andalucía”.
En esta línea se pronunció en 1998 la Consejería de Obras Públicas en la memoria de ordenación del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar. El Ayuntamiento barreño también destacó en 2003 el carácter “inundable” de los terrenos en la memoria justificativa del Plan Parcial de El Fresno Sur. Además, en 2004, la Consejería de Medio Ambiente se opuso a la mayor parte de las obras de canalización contempladas en el proyecto.
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, elaboró en 2001 un informe en el que se mostraba contrario a la utilización urbanística de estas vegas por la “inseguridad” que generan los “posibles riesgos” que la naturaleza “inundable” de los terrenos en los que se había proyectado la ZAL “pueden comportar para las personas y los bienes”.
Sin estudio ambiental
Verdemar denunció en 2004 la “ilegalidad” de las obras en este sector ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que elaboró un informe que concluye que las obras “carecen de estudios ambientales y de informes favorables”.
Según los ecologistas, los terrenos de El Fresno “pertenecen en su mayor parte a Obras Públicas y Transportes”, lo que, a su juicio, “evidencia por qué la Junta de Andalucía no se opone a que se urbanicen estos suelos, aunque sean altamente inundables”.
En definitiva, los ecologistas consideran que la Consejería de Obras Públicas está propiciando la urbanización “ilegal” de una llanura fluvial de su propiedad, de “gran valor natural y de alto riesgo de inundación”, a través de un proyecto de “escasa viabilidad económica y soportado por fuertes inversiones públicas”.
