La Guardia Civil, junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro del marco del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras 2022, ha localizado y retirado dos redes de pesca de grandes dimensiones, una de las cuales alcanzaba aproximadamente el kilómetro de longitud en el Cabo de la Huerta (Alicante).
Tras localizarlas a unas cuatro millas náuticas del Cabo de la Huerta, se han podido devolver al mar ejemplares de especies que habían quedado atrapados en las redes. La Guardia Civil investiga ahora el origen de dicho hallazgo, según ha informado el propio instituto armado en un comunicado.
Los hechos sucedieron el pasado 9 de julio, cuando miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Alicante, junto con personal de Inspección de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) adscritos a la Subdelegación de Gobierno de Alicante, han localizado una red de pesca de unos mil metros de longitud que carecía de las marcas reglamentarias que sirven para identificar a su propietario y, además, contravenía la prohibición de su uso fuera del horario establecido.
En la red aparecieron diversas especies como bogavantes (Homarus gammarus), cabracho (Scorpaena scrofa), mantarrayas (Mobula birostris), que fueron devueltas al mar. Además, se ha podido constatar cómo había dañado colonias de coral del fondo marino.
Posteriormente, el 11 de julio, agentes e inspectores han localizado e intervenido una nueva red de características similares a la anterior, pero esta vez de 750 metros de longitud aproximadamente. Tras retirarla del mar, ha encontrado atrapados diversos ejemplares de rayas comunes (Rajidae), besugo (Pagellus bogaraveo), pescadilla (Merluccius merluccius) y varios tipos de coral, que han sido devueltos a su hábitat.
SIN NINGÚN TIPO DE IDENTIFICACIÓN
Por todo ello, la Guardia Civil ha iniciado una investigación para aclarar la titularidad de las redes, así como la responsabilidad que pueda conllevar, puesto que además de utilizar las redes de fondo sin ningún tipo de marcas e identificación como estipula la normativa europea tampoco han cumplido con la normativa estatal en referencia al tiempo máximo que pueden ser utilizadas.
Los propietarios de estas redes podrían ser propuestos para sanciones graves por presuntas infracciones al Real Decreto 502/2022, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales, cuyas penas pueden llegar hasta los 60.000 euros.
Esta práctica de pesca ilegal, además de conllevar una competencia desleal respecto a los pescadores que cumplen la ley, también va en contra de la normativa europea sobre la política pesquera común.
PLAN ANUAL DE CONTROL INTEGRAL
Este tipo de actuaciones se enmarcan dentro del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras para 2022, suscrito entre la Guardia Civil y la Secretaría General de Pesca, por medio del cual se pretende, entre otros objetivos, evitar la presencia en el mar de aquellas embarcaciones ilegales o no autorizadas, así como detectar artes o aparejos de pesca no identificados, antirreglamentarios o prohibidos, al tiempo que se disuade a los pescadores de faenar en zonas o fondos prohibidos.
La Guardia Civil recuerda que este tipo de hechos puede causar un "grave impacto ambiental" sobre los recursos y ecosistemas marinos, presentar un "enorme riesgo" para la navegación al poder dejar sin gobierno aquellas embarcaciones que pasen sobre ellos, así como ser "un peligro para bañistas y submarinistas".
