Tres años del brote de listeriosis con la vista puesta en los juzgados

El brote de listeriosis en carne mechada que se produjo en Andalucía en 2019, el mayor en España hasta el momento, alcanza su tercer aniversario con la vista puesta en los juzgados, donde se tendrá que dirimir si hubo responsabilidades penales.

La que fue en su momento una de las más graves crisis sanitarias en España provocó cuatro muertes y seis abortos y afectó a más de 240 personas, lo que llevó a la cárcel al dueño de la empresa sevillana Magrudis y a su hijo durante seis meses.

Fue el 15 de agosto de 2019 cuando el caso salió a la luz y dos días después la compañía, que comercializaba la carne “La Mechá”, retiró todas las existencias del producto por cuyo consumo ya estaban hospitalizadas una veintena de personas.

La empresa mantenía a esas alturas que cumplía “con todos los requisitos de sanidad”, aunque la Consejería de Salud ya había decretado dos días antes una alerta sanitaria y retirado de la venta los lotes considerados causantes del brote.

Ahora, tres años más tarde, el juzgado de Instrucción 10 de Sevilla acordaba hace unas semanas continuar el proceso contra siete de los investigados y declarar responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla -junto a la compañía de seguros AXA- por una presunta “actuación deficitaria” del servicio público.

La instructora entiende que el consistorio debe responder al llevar a cabo una actuación “deficitaria y anormal” del servicio público que debe prestar.

A los dueños de la empresa y la inspectora veterinaria municipal, así como a las empresas Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos Mario S.L. se les procesará por un delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, seis delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 244 delitos de lesiones por imprudencia grave.

La juez mantiene el procesamiento para la veterinaria municipal que inspeccionó las instalaciones de Magrudis por no comprobar de forma exacta si la instalación reunía las condiciones, así como para un arquitecto técnico, en este caso por presunta falsedad de documento oficial, y contra un asesor de la empresa por defraudar fluido eléctrico.

En su auto la juez señaló la “mala praxis” en la manipulación y transformación de los productos cárnicos, que dio lugar a una intoxicación masiva y una alerta sanitaria nacional y europea.

“La propagación del brote se debió a la poca transparencia de Magrudis, no comunicando desde el primer minuto los tipos de productos elaborados, tipos de productos distribuidos y lotes de cada uno de ellos (trazabilidad completa y transparente)”, señala la instructora.

Una de las acusaciones personadas, ejercida por la asociación de consumidores FACUA, pide penas de hasta doce años para el administrador de Magrudis al considerarle el máximo responsable de lo ocurrido, y trece años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con productos destinados para el consumo humano.

El escrito de acusación pide para uno de los hijos del dueño una pena de ocho años y un día de prisión y diez años de inhabilitación, más dos años de prisión y ocho meses de multa a razón de quince euros al día.

Para el otro de los hijos reclama seis años y un día de prisión, igual que para la veterinaria del Ayuntamiento.

La alerta sanitaria por listeriosis se prolongó entre el 15 de agosto y el 17 de octubre de 2019, y tras ella la Junta puso en marcha un plan extraordinario de control de la listeria monocytogenes.

En los últimos tres meses de ese año se tomaron 704 muestras de producto y 378 de superficie, lo que supuso casi duplicar los análisis de listeria anteriores.

La juez instructora señala además en su auto que los gastos en la sanidad pública generados en los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío ascienden a unos 800.000 euros aproximadamente.