Así lo indicaron ayer a Efe fuentes de este departamento, que han insistido en que la iniciativa de prohibir fumar en los lugares públicos cerrados sigue en marcha a pesar de que la “intensa agenda” de este semestre podría conllevar su aprobación, como muy pronto en junio o, de no ser posible, en el segundo semestre de 2010.
El Ministerio continúa buscando el consenso con los grupos parlamentarios y con los representantes del sector para que el texto definitivo cuente con el mayor respaldo posible, pero eso no significa que haya escollos insalvables que impidan su presentación en los próximos meses.
Desde estas fuentes se ha recordado que Jiménez nunca se ha comprometido a endurecer la Ley en una fecha concreta de 2010, aunque sí ha dicho que le gustaría hacerlo bajo la Presidencia española de la UE, lo que equipararía a este país con otros como Reino Unido, Holanda, Italia y Francia, que ya prohíben fumar en bares y restaurantes.
Reacciones
El portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad, Mario Mingo, advirtió de que será “un problema” sacar adelante el endurecimiento de la actual ley antitabaco “si no se cuenta con el acuerdo de los hosteleros”, un sector que teme sufrir pérdidas con la nueva regulación.
En declaraciones a Europa Press, Mingo recordó que su partido rechaza este tipo de normas contra el tabaquismo por considerarlas “medidas coercitivas”.
En su lugar, apuesta por “educar y aconsejar” a la población y financiar los tratamientos de deshabituación.
“El PP lleva tres años demandando estas medidas, que son las más eficaces para que los jóvenes no empiecen a fumar y para que los adultos abandonen el hábito, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, recalcó.
La Federación Española de Hostelería (FEHR) advierte de que prohibir fumar en todos los espacios públicos cerrados podrían hacer perder al sector 33.300 millones de euros, provocar el cierre de 70.000 bares y la pérdida de 200.000 empleos.
La Sociedad Española de Epidemiología (SEE)presentó la semana pasada un estudio en el que concluía que la mortalidad por tabaquismo se ha reducido en 1.500 personas al año en España desde que se aprobó la ley de medidas sanitarias contra tabaco en 2005.
“Estamos convencidos de que la ley ha ayudado a reducir la mortalidad, aunque el consumo de tabaco ya estaba bajando antes de que se aprobara esta normativa, por lo que estimamos que unas 900 muertes se habrían evitado igualmente y unas 600 son resultado directo de la legislación de 2005”, se explica en el informe.
