Así lo confirmaron fuentes fiscales, que precisaron que tras los interrogatorios al jefe de la instrucción y a dos agentes que participaron en la misma ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no se añaden datos nuevos a la investigación y que el Ministerio Público se mantiene en su postura de pedir el archivo de la causa.
“Lo que había es lo que sigue habiendo”, aseveraron las fuentes consultadas, que indicaron que el jefe de la investigación ya había declarado con anterioridad en la Audiencia Nacional y que había ratificado su informe en otras dos ocasiones.
Los hechos se remontan al 4 de mayo de 2006, cuando una persona advirtió al dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosua, de que podía ser arrestado ese mismo día en una operación contra el aparato de extorsión de ETA, que debido al chivatazo se retrasó hasta el 20 de junio, cuando se detuvo a Elosua y a una decena de personas acusadas de recaudar el llamado impuesto revolucionario.
En el citado informe, el testigo relacionó la llamada que alertó a Elosua con una que se produjo poco después de las once de la mañana del 4 de mayo y cuyos interlocutores eran el jefe superior de Policía del País Vasco (el que llamaba) y el inspector de Vitoria (llamado).
Los investigadores vincularon esa llamada con otra –grabada por la Policía– en la que Elosua contaba a su yerno que una persona le había advertido en su bar de que le seguían y concluyeron que “es en esa llamada del jefe superior de Policía al inspector cuando éste le pasa el teléfono a Elosua y el jefe superior comunica a este último la existencia de un dispositivo de seguimiento”.
La Fiscalía concluyó, sin embargo, que no había ningún “elemento adicional de prueba” que corroborara que el contenido de la conversación fue ése y no otro.