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Miércoles 13/11/2024
 
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El etarra de Portbou pretendía instalar un taller de explosivos

El presunto etarra Faustino Marcos Álvarez, detenido el pasado día 16 en Portbou (Girona) y que ayer ingresó en prisión sin fianza por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, había regresado a España con la intención de instalar un almacén y un taller de explosivos.

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  • Foto de Rosales (c) y Aristegi colgada en el perfil de Facebook del primero.
El presunto etarra Faustino Marcos Álvarez, detenido el pasado día 16 en Portbou (Girona) y que ayer ingresó en prisión sin fianza por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, había regresado a España con la intención de instalar un almacén y un taller de explosivos.

Así consta en el auto de prisión dictado ayer por Grande-Marlaska que relata que la razón de su vuelta a España tras permanecer casi 8 años en la clandestinidad en Francia era la “localización de un lugar donde depositar y elaborar artefactos explosivos”.

El juez, que ayer interrogó a Marcos en la Audiencia Nacional, también envió a prisión a Jon Rosales Palenzuela y a Adur Aristegi Aragón, arrestados cerca de la frontera francesa en Camprodon (Girona) cuando intentaban huir al país vecino.

En sendos autos, el juez imputa a Faustino Marcos los delitos de integración en banda armada y de tenencia de armas y explosivos con fines terroristas.

En el caso de Jon Rosales y Adur Aristegi Aragón, Grande-Marlaska les imputa la comisión de un delito de integración o colaboración con organización terrorista.

El juez relaciona a Rosales con Ibai Beobide, detenido el pasado sábado 13 de febrero en Guipúzcoa cuando circulaba en bicicleta y encargado de liderar al menos dos taldes de legales en el País Vasco, mientras que afirma que Aristegi intentaba ayudar a Rosales a huir a Francia.

Según Grande-Marlaska, Beobide “dinamizó la constitución” de los taldes Imanol y Ezpala, para los que captó a Jon Rosales y a Ione Lozano Miranda, manifestando los dos su conformidad de integrarse en la banda terrorista.

En el momento de su entrada en ETA, Beobide les entregó un lápiz de memoria que contenía el “sistema operativo” utilizado por la banda y diversa información sobre la elaboración de artefactos explosivos.

Tras la detención de Beobide el pasado sábado, Jon Rosales intenta huir a Francia pasando por Cataluña, momento en que fue arrestado en Camprodon junto a Adur Aristegi, quien le prestaba “auxilio” en su huida “poniendo los medios precisos” para su fuga a Francia.

Aristegi ya fue detenido en julio 2008 por colaborar con el desarticulado comando Vizcaya, que entonces lideraba Arkaitz Goikoetxea.

Por su parte, Faustino Marcos ingresó en ETA en el año 2001, captado por Mikel Uzcudun Lizaur.

Poco tiempo después, acudió a una cita con la dirigente etarra Ainhoa García Montero, quien le solicita que elabore informaciones de supuestos objetivos de la banda.

En junio de 2002, y creyendo que podía ser objeto de seguimientos policiales, pasa a la clandestinidad a Francia, donde ha estado a las órdenes, entre otros, del entonces número uno de ETA Francisco Javier López Peña, alias Thierry, formando talde con Imanol Gómez González, fallecido en accidente de circulación.

Durante todo este tiempo mantiene contactos con otros liberados de ETA, actualmente en prisión en Francia, como Asier Eceiza Ayerra, Javier Arruabarrena, Ohiana Garmendia o Aitzol Iriondo, durante un tiempo jefe del aparato militar de la banda terrorista.


Detenidos Zumeaga y Goikoetxea


Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer a Zigor Goikoetxea Basabe, para que cumpla la condena de dos años de prisión dictada por la Audiencia Nacional por amenazar de muerte a la edil del PP de Getxo Marisa Arrúe. Goikoetxea, hermano del líder del ‘comando Vizcaya’ de ETA, Arkaitz Goikoetxea, fue condenado por la Audiencia Nacional el pasado 17 de junio a dos años de prisión por amenazar de muerte a Arrúe.

Por otra parte, agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer en la localidad guipuzcoana de Oiartzun a Igor Maiora Zumeaga, reclamado por la Audiencia Nacional por actos de violencia callejera, informaron a Efe fuentes de la investigación.

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