La Mesa del Agua de Almería ha asegurado este lunes que la revisión a la baja del trasvase Tajo-Segura "pone contra las cuerdas" al sector agrario, ya que no existe "alternativa" a la disminución del volumen de agua disponible.
En un comunicado ante la manifestación convocada el día 11 en Madrid a la que se suma junto a regantes de Murcia y Alicante, la entidad ha indicado que la revisión del plan hidrológico de esta cuenca "carece de justificación técnica" y deriva de la propuesta de incrementar los caudales mínimos en el eje del río Tajo, lo que supone una rebaja de los caudales susceptibles de ser trasvasados.
Ha precisado que existe una previsión de la disminución de los aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería en 105 hectómetros cúbicos, lo que supondría 78 hectómetros cúbicos menos para regadío que la media actual y 27 hectómetros cúbicos menos para abastecimiento.
La Mesa del Agua ha remarcado que, en estos momentos, no existe "ninguna alternativa" a la disminución del volumen de agua disponible y ha apuntado que la utilización del agua desalada en exclusiva, como recurso ordinario "puede generar problemas a nivel agronómico y su obtención supone un coste ambiental desproporcionado con una dependencia energética cuatro veces mayor que el agua del trasvase".
A esto, hay que sumar, según han destacado, que cuenta con unos precios sujetos "a una altísima volatilidad por los costes reales de la energía" y que "en la actualidad supone costes superiores a 1,40 euros por metro cúbico para el agricultor, por encima incluso del agua destinada a los hogares".
La Mesa del Agua ha asegurado que, con "este escenario", el Gobierno pone "contra las cuerdas al sector agrario con mayores índices de productividad del país" y "desestabiliza" el "futuro" de toda la sociedad del Levante, "dejando de lado los criterios de solidaridad, sostenibilidad en todas sus vertientes y vertebración del territorio".
"Todo es una clara evidencia de que algo se está haciendo mal en la planificación hidrológica de nuestro país", ha concluido para cifrar la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable; la desaparición de más de 15.000 empleos, y la reducción de valor patrimonial estimada en 5.692 millones de euros.
