En un auto notificado este viernes, el alto tribunal rechaza el recurso presentado por la Fiscalía, al que después se adhirió Garzón, contra la decisión del Tribunal Supremo del pasado febrero de admitir esta acción penal contra el magistrado, que se suma a las dos que ya tramita el alto tribunal contra el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, por investigar las desapariciones del franquismo y por sus cobros de la Universidad de Nueva York durante el año en el que permaneció en EE.UU. durante un permiso de estudios.
Aunque la querella fue presentada por Peláez, después se adhirieron los abogados José Antonio Choclán, en nombre de Francisco Correa, y Gonzalo Rodríguez-Mourullo, en nombre de Pablo Crespo. En el auto del pasado febrero, la Sala Segunda del Supremo afirmaba que no existían "razones suficientes para excluir con toda certeza la hipótesis de la existencia de los delitos mencionados" en la querella.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló todas las escuchas autorizadas por el juez Garzón , al considerarlas ilegales por vulnerar el derecho fundamental al derecho a la defensa.
Apoyos del PSOE
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que las manifestaciones de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por parte de miembros del Ejecutivo y el PSOE se han hecho "a título personal" y respondiendo a la "libertad de expresión y opinión".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega subrayó que, en cualquier caso, ha habido también declaraciones por parte de algún miembro del Ejecutivo en apoyo a la "presunción de inocencia" del juez, pero que esto "no es comparable" con interferir en la actuación judicial.
A su juicio, las acusaciones contra el Gobierno de querer interferir en la actividad del Tribunal Supremo son sólo una "instrumentalización para tratar de desviar la atención de asuntos propios que afectan al PP".
"Son cosas radicalmente distintas. Querer mezclarlo todo es una instrumentalización para desviar la atención de asuntos propios que afectan al Partido Popular. Esto es lo que no es razonable", comentó la vicepresidenta.
Según remarcó, las manifestaciones que han podido realizar miembros del Gobierno o del PSOE han sido "claramente respetuosas" con el Tribunal Supremo y con la independencia del Poder Judicial, de modo que lo que queda es que "hay que esperar" para pronunciarse sobre las decisiones que tomen los jueces, actuaciones que "hay que respetar".
En su opinión, el caso de Garzón ha provocado que se estén "mezclando diferentes planos del debate". Para De la Vega, hay un "debate social" porque la causa abierta contra el juez por investigar los crímenes del franquismo "despierta muchas sensibilidades por razones históricas, políticas y sociales", pero argumentó que este debate debe situarse siempre en el ámbito de la libertad de expresión y que "el Gobierno, por responsabilidad, no debe entrar en él".
Desde el punto de vista jurídico, añadió De la Vega, se trata de un tema "enormemente complejo" que debe resolver el Supremo y cuando lo haga el Ejecutivo "valorará las razones" que exprese en su decisión. Mientras, en el plano judicial, subrayó que Garzón tiene "derecho a la presunción de inocencia", lo cual, dijo, debe respetarse y "no adelantar acontecimientos".
"Tenemos que serenar y ponderar el debate que se está produciendo. Y la libertad de opinión debe ser compatible con el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho y el respeto al Poder Judicial", subrayó la vicepresidenta.
Así, descartó pronunciarse sobre los llamamientos que se han producido acerca de ilegalizar Falange, argumentando que se trata de un debate que "afecta a la sensibilidad por razones históricas y sociales".
Sobre la querella presentada ante la Justicia argentina por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, De la Vega consideró "prematuro" y que "no sería riguroso" hacer valoraciones al respecto, "aunque sea un tema muy llamativo", porque "ni siquiera" se ha admitido a trámite todavía.
En cualquier caso, quiso dejar claro que en nuestro país existe un "sólido Estado de Derecho, con una Constitución muy avanzada", en el que "funciona la ley", la justicia es "independiente y funciona" y la "fortaleza de las instituciones queda fuera de toda duda".
Por otro lado, fuentes del Ejecutivo explican que la justicia universal sólo se aplica de manera subsidiaria, dando a entender que sólo se aplica en lugares donde la Justicia no cumple con los mínimos exigibles y que ese no es el caso de España.
En cuanto a la reflexión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, sobre limitar la acción de las acusaciones populares en los procesos judiciales, la vicepresidenta primera afirmó que la "respeta", sobre todo "cuando se hace al hilo de un procedimiento judicial", e insistió en "esperar a que se pronuncie" el Tribunal Supremo.
