La Plataforma de Protectoras de Animales en Defensa de los Perros de Caza ha presentado este viernes una carta ante la Dirección General de Derechos de los Animales con el fin de solicitar a su director, Sergio García Torres, la retirada urgente del proyecto de Ley de Protección Animal.
Entre las 25 asociaciones protectoras firmantes está la Protectora de Málaga, y entre todas ellas acogen a más de 2.500 perros desechados por la caza al año. Han recordado a García Torres que debe “cumplir con su palabra” y “retirar el Anteproyecto de Ley de Protección Animal” en vistas a que el texto final no amparará a los perros utilizados para caza y guarda, entre otros animales. Esta petición es en referencia a un vídeo en el que el director asegura, en una conferencia, que no permitiría que prosperase una Ley que no amparase a los animales utilizados en cinegética.
“Afirmó que no saldría de su departamento una ley que excluyese a estos animales, y aunque la enmienda que provocó la situación no es de su partido, su formación sí que votó a favor de la continuidad de la tramitación de la ley a pesar de que sabían que excluiría definitivamente a los perros de caza y guarda. Pudo votar en contra, pero no lo hizo”, sostienen los firmantes.
Para estos, la futura ley marco es “descafeinada” y está “llena de carencias”: “es algo impensable para el año 2023”, apuntan. “Existe un descontento generalizado hacia ella por el clima de grandiosidad y las expectativas que se generaron a su alrededor antes de conocer, por supuesto, el contenido del primer borrador. La campaña de publicidad que se le hizo a este proyecto no conoce precedentes, pero al final, ha quedado en un quiero y no puedo”, continúan.
Desde la plataforma, que ya trabaja para constituirse en federación, explican que “una premisa tan básica como la protección de los perros de caza debería formar parte del pilar de cualquier Ley, pero más aún del de una Ley marco” y “más aún en un país como España, que rebosa galgos muertos por los cuatro costados”.
Manifiestan los firmantes que “no hay que explicarle” a García Torres “el tipo de maltrato al que son sometidos estos perros ni las consecuencias que una legislación estatal tan laxa y poco ejemplarizante supondría para el resto de leyes autonómicas, que podrían apostar por descargarse de responsabilidades del mismo modo, delegando el amparo de estos animales a normativas que se adapten más a la comodidad de sus explotadores que a sus propias necesidades”.
Concluyen sentenciando que “si no retira este proyecto de ley, estará provocando una verdadera catástrofe donde un día quiso sembrar la esperanza para quienes perdemos el sueño por ayudar a los animales” y recuerdan que no deberían “perder el tiempo teniendo que insistir al director general de Derechos de los Animales para que cumpla su palabra".
