La investigación sobre las posibles irregularidades en obras de cuarteles de la Guardia Civil afecta a casi 200 proyectos de trece comandancias distintas, adjudicadas todas ellas a empresas de Ángel Ramón Tejera de León entre 2014 y 2019 por un importe total de más de 2,6 millones de euros.
Así consta en la documentación que obra en el sumario del caso que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid por esas por presuntas irregularidades en obras de mantenimiento y reforma y en el que están siendo investigados dos empresarios y dos guardias civiles.
Uno de los empresarios es Tejera de León, conocido como Mon, cuyo nombre aparece en el sumario del caso Mediador y los dos guardias son Carlos Alonso Rodríguez, exresponsable de la Comandancia de Ávila, y el teniente general Pedro Vázquez Jarava.
Junto con otro empresario están investigados por un presunto delito de falsedad documental en relación con las obras acometidas en trece comandancias de la Guardia Civil, fundamentalmente obras de albañilería, pintura e impermeabilización de cuarteles entre 2014 y 2019.
Según la documentación a la que ha tenido acceso EFE, la mayor parte de las obras las habría ordenado la Comandancia de Tenerife, un total de 47 por importe de 927.499,74 euros. Esta misma semana, Interior acordó el cese por "pérdida de confianza" del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, José María Tienda.
La segunda Comandancia con más contratación con ese empresario es la de Huelva, con 61 proyectos por importe de 461.079,45 euros; seguida por Algeciras, con 29 obras por 399.189,48 euros.
También hay constancia de 27 proyectos en Ávila por 169.976,03 euros. Fue en esta provincia donde se incoaron las primeras diligencias de investigación por parte de un juez que encomendó las pesquisas a la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil.
En Alicante se le encargaron 11 obras por 381.189,93 euros, en Castellón 2 por 118.340,30 euros, en Jaén otras 2 por importe de 55.739,87 euros, en Albacete 2 más por 8.878,50 euros, en A Coruña otras 2 por 7.942,92 euros y en Toledo y Badajoz, una en cada caso por 47.168,62 euros y 58.768,47 euros, respectivamente.
Este procedimiento judicial se abrió en 2021 y se han llevado a cabo varias diligencias, pero desde hace ocho meses no avanza debido a que el juzgado no ha podido nombrar a un perito que haga un informe sobre los costes de las obras.
Ahora, el juzgado ha requerido a la Dirección General de Patrimonio del Estado que designe peritos para llevar a cabo las periciales acordadas.
