No pasa todos los días pero cuando entran seis camiones con diez o quince mil kilos cada uno de pescado, los cuatros empleados públicos encargados del control de la trazabilidad del producto obran “un auténtico milagro”, asegura Juan Vázquez, responsable de la Lonja de Cádiz. Cuentan con el apoyo de una empresa externa, que le resulta más barato al Gobierno de España, para llevar a cabo los controles de especies prohibidas y verificación de tallas y pesos, pero, aún así, “es preciso contar con al menos diez efectivos más” vinculados directamente a la Administración, asegura.
“El estrés psicosocial al que están sometidos los trabajadores públicos en los puertos es insoportable”, advierte, en este sentido, David Pérez, coordinador provincial de la Bahía de Cádiz y de Algeciras del Sector del Mar, quien hizo entrega de una carta con las reivindicaciones sindicales a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su primera visita oficial a la capital gaditana.
En la misiva, Pérez apunta que la actividad de los puertos de interés general ha aumentado considerablemente, incluso en los momentos más críticos de 2012 y recuperándose velozmente en tiempos postpandemia”. Este hecho, explica, ha provocado la necesidad de “una continua creación de nuevos puestos de trabajo y el continuo reciclaje formativo de los ya existentes debido a la incorporación de nuevas tecnologías”. Sin embargo, lamenta, se ha registrado una “caída estrepitosa del número de contrataciones de empleo público debido, en mayor medida, a las tasas de reposición impuestas año tras año a través de las leyes de presupuestos aprobadas”. Con el Gobierno de Mariano Rajoy, recuerda el responsable de CCOO en conversación telefónica, “solo entraba uno por cada diez empleados que salían”. “Con el paso de los años, Puertos del Estado, dentro de las administraciones de carácter esencial, se ha podido acoger a una tasa de reposición del 108%, aproximadamente”. Aún así, advierte Pérez, “con las plantillas envejecidas en esta última década y, en paralelo, el aumento de actividad del sector portuario, las tasas de reposición de efectivos han provocado que la oferta de empleo público sea insuficiente”.
Las últimas, convocatorias extraordinarias, y la reforma laboral, han conseguido estabilizar plazas, convertidas en contrataciones fijas. Pero es preciso, agrega, “crear empleo fijo neto, a banda de la reposición, para poder cubrir las verdaderas necesidades en los puertos, más allá de haber conseguido equilibrar la contratación”. Por ello, CCOO reclama a la ministra de Trabajo “la mediación ante los órganos correspondientes para la eliminación de los topes de las tasas de reposición”.
“Hace falta incorporar personal urgentemente”, insiste Pérez, porque “en el puerto de Cadiz no llegamos a 170, contando con eventuales, y en Algeciras, 350; medio millar de personas mueven una actividad estratégica para la provincia” que cuenta, además, con una previsión de crecimiento elevado que se podría ver truncada por un colapso que resta competitividad.
No en vano, Manuel Cózar, presidente de la Asociación de Transitarios, Expedidores Internacionales y Asimilados de la Bahía de Algeciras (Ateia-Oltra), que agrupa a 53 empresas con 1.500 puestos de trabajos directos e indirectos, cifra en hasta un 30% la pérdida de tráfico. Los resultados de 2022, de hecho, han truncado la tendencia alcista registrada en la última década en el tráfico de mercancías por los problemas que sufre desde hace 20 años el Puesto de Control Fronterizo (PCF), conocido anteriormente como Punto de Inspección Fronteriza (PIF).
Cózar reclama al menos una quincena de incorporaciones, lo que en términos porcentuales supone incrementar los efectivos en un 50%, para hacer frente al volumen de trabajo en la actualidad. Pero también exige que el Gobierno de España dé solución al exceso de burocracia que está llevando a que las mercancías sometidas a controles sanitarios estén hasta una semana paralizada, con el consecuente deterioro de la vida útil de fruta, hortalizas y legumbres (la mitad de la que se mueve en España) procedente de Marruecos y los países de Sudamérica. “La plataforma digital con la que están trabajando los empleados públicos está obsoleta”, denuncia.
El Ejecutivo, sin embargo, sostiene en una respuesta parlamentaria del año 2020 que “con el fin de optimizar la eficacia de la inspección fitosanitaria, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) inició en el año 2012 la puesta en marcha de la aplicación CEXVEG, que permite la gestión informatizada de todas las fases de la inspección y ofrece una plataforma de comunicación con los operadores que permite recibir la documentación necesaria para tramitar las inspecciones así como transmitir las observaciones precisas para corregir las no conformidades detectadas. Asimismo, CEXVEG permite la emisión de certificados con diferentes elementos de seguridad, que incluyen la firma electrónica, y que permiten la transmisión de los mismos sin necesidad de recurrir a ejemplares impresos”. Y, en cuanto al personal, defiende el refuerzo, ante la pandemia, con dos funcionarios interinos del Cuerpo Nacional Veterinario y otros dos funcionarios interinos del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado.
Para Cózar no es suficiente. Por ello, Ateia-Oltra, la Asociación de Transportistas de Contenedores de la Bahía de Algeciras (ATCBA), los sindicatos CCOO y Coordinadora, además de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (AESBA) y la Comunidad Portuaria (COMPORT) llevaron a cabo el pasado 7 de marzo una concentración de protesta a las puertas de las instalaciones del PCF. Y, este jueves, se desplazarán a Cádiz para protestar ante la Subdelegación del Gobierno por la falta de respuesta a sus reivindicaciones.
“Estos retrasos están provocando una crisis sin precedentes, grandes pérdidas económicas para las empresas, descontento en las plantillas e incluso riesgo de disturbios”, advirtió Cózar, quien asegura, asimismo, que “las empresas tienen que dar servicio a los clientes, y si me piden que despache los contendedores a Valencia o Portugal, tendré que hacerlo”. “Ya estamos montando instalaciones fuera de la Bahía de Algeciras para dar servicio en detrimento de las plantillas locales”, añade, pero se niega a “tirar la toalla”: “Son muchos años dando vueltas por el mundo para vender nuestro puesto”.
