La Guardia Civil ha detenido en Cartaya a una persona por un supuesto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental e investiga a otras cinco personas por este último delito. Esta persona supuestamente empadronaba a extranjeros en domicilios donde no residían y les cobraba 300 euros por llevar a cabo los trámites con el Ayuntamiento.
Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la denominada Operación Drompa comenzó en agosto de 2022 tras recibir una denuncia del propietario de una vivienda explicando que, tras ir al Ayuntamiento de Cartaya para realizar unos trámites, tuvo conocimiento de la existencia de tres extranjeros empadronados en su domicilio sin su consentimiento.
Por ello, comenzaron las investigaciones y las sospechas de la Benemérita eran que "no se trataba de un caso aislado" y que alguna persona podría estar empadronando a ciudadanos extranjeros no comunitarios previo pago de alguna cantidad de dinero.
Así, los agentes solicitaron la colaboración del departamento de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Cartaya, al objeto de detectar otros casos, sobre todo de aquellos domicilios en los que constaran empadronados un cierto número de extranjeros. Una vez obtenida la documentación aportada y tras su análisis, se averiguó que había otros cuatro domicilios con empadronamientos irregulares y sospechosos.
De este modo, los agentes se pusieron en contacto con los verdaderos propietarios y moradores de las viviendas afectadas, confirmando que las personas que figuraban como empadronados habían sido registradas "sin conocimiento ni consentimiento".
Además, en el transcurso de las investigaciones, los agentes averiguaron que en cuatro de los domicilios donde figuraban los empadronados presentaron un contrato de arrendamiento falso y en el quinto domicilio lo hizo directamente la dueña en el Ayuntamiento acompañada de estas personas, aportando todos ellos fotocopia de su documento de identidad, DNI de la propietaria y escritura de la vivienda, lo que hizo sospechar a los agentes de esta última.
Finalmente, los agentes localizaron a cinco de las personas empadronadas, todos ellas de nacionalidad extranjera, manifestando que habían pagado cada una de ellas la cantidad de 300 euros.
La supuesta autora que cobraba por los trámites ilegales de empadronamiento también fue localizada y detenida, resultando ser la propietaria de una de las viviendas donde constaban cinco empadronados, más otros diez del resto de domicilios.
La operación continúa abierta a la espera de análisis de más documentación y localización de todos los implicados. La detenida junto con las diligencias instruidas fueron entregadas a la Autoridad Judicial competente.
