Fuentes compareció junto a una nutrida representación del Partido Andalucista (PA) del Campo de Gibraltar, entre los que se encontraba el diputado provincial Manuel Prado, quienes denunciaron la presión que está siendo ejercida sobre esta empresa por parte del Gobierno central y de la Junta de Andalucía.
Fuentes explicó que, cuando se produjo la expropiación a Ruiz Mateos de la finca La Almoraima, “el Gobierno arruinó lo que había”, y destacó el trabajo “pionero” que su empresa desarrolló en aquellos años en defensa de la educación medioambiental, una labor “muy difícil, en unos comienzos en los que nadie creía en nosotros”.
Por ese motivo, denuncia que, 18 años después, la Administración haya tomado la decisión de desarrollar un proyecto en la zona y “ahora nos quieren quitar de enmedio”, y recalcó que ayer mismo, los alumnos del colegio Sagrado Corazón de La Línea habían hecho una visita educativa a sus instalaciones.
Fuentes ve beneficioso el proyecto que la empresa pública Tragsa, dependiente del Gobierno central, quiere llevar a cabo en la zona, con actuaciones como hacer navegable el pantano. “Lo vemos muy bien, pero eso no quita que sea compatible con que nosotros sigamos con nuestra actividad, en la que somos pioneros, y en la que llevamos trabajando muchos años, cuando el Gobierno había dejado arruinado esta zona”.
En este sentido, como posibles soluciones al conflicto, entiende que la Administración debería “insuflarnos dinero para que podamos sobrevivir, y no tener que salir expulsados de malas maneras por la Guardia Civil tras 18 años de trabajo”.
El gerente de la empresa asegura que los responsables de Tragsa “vienen con una idea feudal, de que el pueblo no existe. De hecho, han colocado un cartel de prohibido el paso en una zona en la que siempre han entrado la gente del pueblo, que son los que han trabajado allí siempre y se han dejado allí su vida”.
El PA expresó ayer su apoyo a la empresa, en la que trabajan seis personas de forma fija y hasta 18 personas de forma fluctuante. En la comparecencia de ayer, asistieron responsables del partido de los municipios de Algeciras, La Línea, Los Barrios y San Roque, además del diputado provincial.
El secretario algecireño de los andalucistas, José María España, denunció que “si esto ocurre en Euskadi o en Cataluña, la Administración defendería a muerte a sus empresas, pero la Junta de Andalucía sólo se rinde a los intereses del Gobierno central”.
Por su parte, José Fuentes, señaló que ha mantenido contactos con el Ayuntamiento de Castellar para solucionar el problema, pero “está oculto y no dice nada”. Sobre posibles medidas de presión, Fuentes aseguró que la empresa está dispuesta a respaldar la actuación del PA de ocupar la Almoraima como gesto de protesta.
