Ni España ni Europa están a principios del siglo XX, ni el mundo ha dejado de pararse ni un instante. La pandemia del Covid 2019, ha servido no solo para que las empresas, (el sector financiero es un ejemplo) aceleren sus procesos de digitalización, sino también para que las administraciones públicas estén planteándose la manera de prestar de forma más ágil el servicio público. Y la Justicia no iba a ser menos que el Ministerio de Hacienda, o la Dirección General de Tráfico, que identifica desde hace años a los vehículos infractores desde el aire.
Juristas y profesores universitarios han debatido este jueves en una jornada los efectos que puede tener la aprobación de la nueva Ley de Eficiencia Procesal (LEP), que el Gobierno pretende que esté aprobada antes del verano, y que supondría la introducción de operadores de mediación (notarios, registradores de la Propiedad, abogados, graduados sociales, sociedades privadas...), cuya intervención sería previa y obligatoria antes de que el conflicto entre particulares y empresas llegue a los tribunales. La reforma se centra dentro de un Plan que comprende el periodo 2020-2030.
El objetivo de estos 'medios alternativos de solución de conflicto' sería reducir el enorme atasco que registran los tribunales españoles, y acortar los tiempos de espera de las sentencias. Un atasco al que se suma los efectos por los recientes conflictos laborales de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y ahora de cuatro cuerpos generales de funcionarios.
"Este sistema nos quita competencias a jueces y magistrados y se las lleva a otros profesionales. Se crea la obligación de acudir a ellos antes que al juzgado. Si no se pasa por esta fase previa, no se podrá presentar la demanda correspondiente", explica Emilio Lamo de Espinosa, juez de lo Contencioso-administrativo número 1 de Bilbao, participante en las XX Jornadas Jurídicas organizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Universidad de Málaga. Pero el planteamiento principal para muchos miembros de la carrera judicial no es solo que se "les quiten asuntos", sino que lo que estaría en juego es el derecho al servicio público de la justicia y a la tutela judicial efectiva.
Lamo de Espinosa insiste, además, que esa mediación "no sería gratuita". El mecanismo supondrá que el afectado tendrá pagar ese gasto a los profesionales que intervienen. Nos tendrían que explicar que si lo que buscan es la rapidez del sistema judicial, ¿cómo es posible conseguir ésta creando esta estructura de mediación tan burocratizada?".
Una parte del Poder Judicial se ha posicionado por ello en contra del planteamiento de la LEO, ya que consideran que la Administración ejercerá "una autotutela al introducir a los servicios de mediación dentro de las Oficinas Judiciales".
El juez Espinosa pone como ejemplo similar lo ocurrido con la ley de Seguridad Ciudadana, concebida para desatascar los juzgados, pero que atribuye a la Policía la posibilidad de sancionar y el posterior recurso por la medida impuesta, que lo tiene que resolver un tribunal.
Pero otro de los retos de los tribunales españoles es el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Para Federico Bueno, titular de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, las leyes de Eficiencia pueden ser "un tsunami para todo el sistema procesal español".
"Es verdad que la tecnología durante la pandemia nos ha rescatado, pero igualmente comprende una serie de riesgos que tenemos que tener en cuenta.* Las garantías y principios se tienen que seguir respetando para el justiciable y para los profesionales de la Justicia", agrega.
El docente universitario de 37 años, "que es uno de los profesores más brillantes de España, y acreditado a catedrático por la Aneca", en palabras de José María Paéz, decano de los jueces de Málaga y presentador de la Jornada de Unicaja, recordó que la reforma en trámite plantea también otro debate político territorial, no solo técnico.
"Los ordenadores ya estaban desde el 2009, pero tenemos en los tribunales los mismos sistemas operativos desde hace 13 años. Hace más de una década se habló de modernizar, pero ahora el derecho de los ciudadanos se convierte en una obligación para los mismos de acceder a la justicia de forma tecnológica. Y ya no se trata de una brecha digital, sino de que muchos ciudadanos no tienen espacios de banda ancha, ni formación, como para acceder al sistema que impone la ley", explica Bueno de Mata.
Para solventar esta cuestión, el borrador plantea utilizar los actuales juzgados de Paz, 7.600 en el total de los municipios españoles, como 'puntos de acceso judicial', o kioscos virtuales. El docente castellano insiste en que "la inteligencia artificial debe utilizarse sólo como instrumento asistencial, de auxilio y de colaboración para los operadores jurídicos, pero nunca debe sustituir a los mismos ya que iría en contra de las directrices de la Comisión Europea".
Si aplicaciones como el chat GPT son capaces de confeccionar portadas falsas de periódicos, o componer canciones de grupos musicales, ¿por qué no podrían dictaminar sentencias analizando todas las variables del litigio a partir de los datos aportados? Ese es el riesgo de estos programas, y por ello la UE está preparando un reglamento sobre desarrollo IA.
La ley no entrará en vigor hasta los 3 meses desde su publicación en el BOE, y establece además una transitoriedad de hasta 36 meses más para aspectos de integración operativa. Y las consecuencias, como sucede con todas las reformas legislativas, serán también para los estudiantes de Derecho, que tendrán que actualizar los temarios previsiblemente a partir de octubre de este 2023.
