Desamparado, cansado de que en Procasa, la Empresa Municipal de la Vivienda en Cádiz, y la Junta de Andalucía “se pasen la pelota de una a otra”, pero sobre todo impotente, muy impotente. Así se encuentra el gerente de una administración de fincas de la capital por los impagos de casi 40.000 euros que acumula en recibos de la comunidad el edificio de la calle América, número 22, a la espalda de unos grandes almacenes. Se da la circunstancia de que el inmueble es propiedad de la Administración andaluza mientras que Procasa es la responsable del mantenimiento del edificio y gestiona los alquileres sociales de los inquilinos, que suelen ser familias realojadas de otros barrios a los que se les fija una renta de 100 euros.
El recibo de la comunidad no pasa de los 30 euros. Pero, ¿qué pasa con los administradores de la comunidad?. “No podemos hacer nada”, se lamenta a VIVA CÁDIZ el responsable, que prefiere preservar su identidad y no tener problemas personales con los residentes. Está cansado de remitir escritos a ambas partes sin que ninguna dé la cara y se siente atado de pies y manos por una situación que le ha pasado factura también a su bolsillo. “Hay meses que no cobro, porque no llega”, relata, tras reconocer que no ha dado un paso atrás y ha dejado de administrar el bloque por el compromiso con las “cuatro o cinco familias propietarias” de las 32 que viven en el inmueble que sí costean religiosamente sus recibos de la comunidad y quieren que esta situación se arregle, pues ellos también están pagando los platos rotos.
El problema, tal y como explica, es que en el piso se ha corrido la voz de que no se paga y ha ido aumentando el número de residentes que se desentiende de unas cuotas de las que depende el mantenimiento del bloque, la limpieza y el funcionamiento del ascensor. De hecho, se ha dado el extremo de que han tenido que anular el arreglo del elevador u otras averías “porque no hay dinero” en un bloque en el que viven gente mayor y niños pequeños.
Esta morosidad, sin embargo, no es un obstáculo para muchos de estos pisos estén desprovistos de comodidades, “con unos televisores enormes” e incluso con reformas hechas pese a ser un inmueble de alquiler. “No tienes dinero para pagar una comunidad, pero no te falta detalle en tu casa y cambias el suelo debiendo 3.000 euros de comunidad”, critica para hablar de unos impagos que vienen de años y que ambas administraciones están permitiendo. Ni siquiera el plantear bajar el precio de los recibos ha funcionado, tal y como él mismo ha trasladado en entrevistas personales con los inquilinos.
“Se lavan las manos”
Mientras la deuda va creciendo, en el Ayuntamiento de Cádiz le echan la culpa a la Junta y en esta última hacen lo propio con el Consistorio gaditano. “La Junta dice que ellos se desentienden del problema, que esto es cosa de la administración de Procasa, a la que ya ha advertido de que no quieren terminar en el juzgado y en Procasa, a la que trimestralmente le mandamos toda la información y conoce perfectamente todo lo que pasa, tampoco nos dan una solución. Se lavan las manos, pero tampoco quieren desahuciar a nadie”.
Hartos de que nadie dé la cara y conscientes de que no pueden llevar a los vecinos al juzgado, porque no son los propietarios, se plantean demandar a la Junta, en su condición de propietaria del edificio o poner el caso en manos del juzgado “y ya se verá quién tendrá que pagar la deuda”. Es la única solución que se le ocurre “para que nos hagan caso”, además de denunciarlo ante la opinión pública. “Nadie nos da una solución y vamos por 40.000 euros”, se lamenta.
