Las cárceles de Málaga son las “peores” de España por sus condicionales laborales y por la “vulneración de los derechos fundamentales” de los reclusos. Son las duras críticas de Comisiones Obreras ante la “lamentable” situación en los tres centros penitenciarios de la provincia, las prisiones de Alhaurín de la Torre y Archidona y el Centro de Inserción Social (CIS) Evaristo Martín Nieto de la capital.
Hay un déficit de 310 puestos de trabajo sin cubrir, lo que ha provocado que 700 malagueños hayan sido trasladados fuera de la provincia y de Andalucía para cumplir su condena: “Estos presos no tienen el mismo derecho a la reinserción que el resto de reclusos que cumplen su pena donde está su arraigado social y familiar”.
El Centro Penitenciario de Archidona sigue “sin abrirse el cien por cien, con la mitad de los departamentos cerrados por la falta de personal”, ha detallado la secretaria general de CCOO en Instituciones Penitenciarias, Silvia Fernández García. En el caso del CIS de la capital, el tercer centro con “mayor carga” de trabajo de España, tiene que gestionar 422 reclusos en régimen de semilibertad y 2.800 mandamientos de ejecución de penas y medidas alternativas al año con unos 60 funcionarios, “para lo cual haría falta más del doble de los efectivos”.
Atendiendo específicamente a las condiciones del personal laboral, su situación es “deplorable” por la “grave infradotación”. En Archidona el 60 por ciento de las plazas están vacantes y en el CIS el 45 por ciento: “Esto es fruto de la política penitenciaria de privatización y externalización de los oficios del personal laboral”.
En el área de salud las circunstancias no mejoran. La sanidad penitenciaria se está “desmantelando”. Desde el año 2003, ha recordado la secretaria, el Ministerio del Interior tenía que haber transferido a las comunidades las competencias de este departamento, pero por una “guerra” entre el Estado y las autonomías todavía no se ha ejecutado, dando lugar a una “duplicidad que no garantiza el derecho a la salud de los presos”.
El Centro de Alhaurín se ha quedado con dos médicos para atender a 930 presos y la prisión de Archidona con una médica para atender a los más de 400 internos. Las consecuencias son “graves”, la sobrecarga de trabajo recae en el personal de enfermería y en los auxiliares, que “se ven obligados a hacer de médicos”. Además de “conflictos” con los presos, que desencadenan en “agresiones”.
La prevalencia de las patologías mentales en prisión es “muy superior” a la de la población en general. El 30 por ciento de la población reclusa tiene algún tipo de problema de salud mental y “no disponen de ningún recurso psiquiátrico para recibir la asistencia que precisan”. CCOO demanda, junto con los jueces de vigilancia penitenciaria, la creación de al menos dos unidades psiquiátricas en Andalucía, una de ellas en Málaga.
Persecución sindical
El responsable de Salud Laboral y Negociación Colectiva de CCOO en Instituciones Penitenciarias, José María López, ha denunciado la “persecución sindical” y “vulneración del derecho de libertad sindical” por parte de la dirección de la prisión de Archidona, que ha señalado que ha entrado “en una dinámica sistemática de impedir la labor sindical de CCOO”.
“Se está haciendo una política de expedientes disciplinarios contra responsables sindicales”, ha asegurado, con el objetivo de “intimidar y amedrentar” a los trabajadores que ponen encima de la mesa la situación que hoy han dado a conocer en rueda de prensa. Actualmente el “acoso” ha llevado a la apertura de cuatro expedientes disciplinarios.
En la provincia de Málaga cumplen condenada más de 1.700 reclusos, 12.871 en Andalucía.
