La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), un colectivo que agrupa a decenas de soldados profesionales que prestan su servicio en unidades de todo el país, está realizando gestiones para que el Ayuntamiento de Málaga cumpla el convenio que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Defensa suscribieron en junio de 2019, y por el que se permitiría una reserva de hasta el 20% de las plazas de empleo público para personal de tropa y marinería, que se convocan en el Cuerpo de Policía Municipal.
Su objetivo no sería otro que facilitar su inserción laboral, un compromiso que los distintos gobiernos adquirieron cuando se profesionalizó el Ejército al concluir el Servicio Militar obligatorio, en diciembre de 2001.
Tanto para acceder al Cuerpo Nacional de Policía, como a la Guardia Civil en el proceso de valoración, se tiene ya como mérito el tiempo de servicio prestado como militar profesional en el acceso a dichas plazas de personal funcionario.
En la actualidad, los soldados profesionales que ingresan en las Fuerzas Armadas pueden permanecer mediante un documento de compromiso hasta los 45 años, edad a partir de la cual deben de abandonar el Ejército y buscar otro trabajo.
Aunque algunos de estos soldados promocionan para las escalas superiores de suboficiales y oficiales, otros no tienen otra opción que apuntarse al desempleo pese a contar con formaciones laborales específicas.
El convenio se suscribió hace cuatro años entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de la Femp y alcalde de Vigo, Abel Caballero. En el mismo se dice que «el tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería se considerará como mérito en los sistemas de selección para el acceso a los cuerpos, escalas, plazas de funcionario y puestos de carácter laboral de las Administraciones públicas", entre los que se incluye los ayuntamientos españoles.
Aunque el actual equipo de Defensa se comprometió a impulsar acuerdos de colaboración con las Administraciones autonómicas y locales, para que en las convocatorias de acceso a las Policías Autonómicas y Locales se reservarán plazas para los militares profesionales de tropa y marinería con más de 5 años de servicios, lo cierto es que, según el presidente de ATME y cabo Primero, Marco Gómez, "han sido muy pocos los consistorios que han aplicado este convenio estos últimos años, que permitiría dar la posibilidad, una vez superadas las pruebas en este cupo, para que muchos soldados no se quedan en la calle después de trabajar años en los ejércitos. Y entre ellos está el personal de Málaga".
Por este motivo, y ante la convocatoria de nuevas plazas para las Policías Municipales de municipios andaluces, ATME ha solicitado a todos los partidos políticos que "se realice una modificación de las leyes de coordinación de las policías autonómicas y locales con el objetivo de que se normalice la reserva de plazas para el personal militar".
Esta semana, representantes de ATME se han reunido en Madrid con el eurodiputado del PP, Esteban González Pons, para trasladarle ésta y otras demandas de mejoras retributivas para los soldados.
Consistorios como Ceuta, Ávila o Valladolid ya reservan un cupo de las vacantes que sacan de empleo público municipal para los soldados. En total, según ATME, solo 16 municipios españoles se han adherido estos años a este convenio institucional. Se da la circunstancia que algunos sindicatos 'generalistas', con representación en las Juntas de Personal de los ayuntamientos, se oponen a estas reservas de plazas para militares.
En la provincia de Málaga más de un millar de soldados de tropa y marinería tienen un empleo en unidades castrenses, como la base aérea (situada en el distrito de Churriana), el acuartelamiento aéreo de Bobadilla, el destacamento del Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión (con una plantilla cercana a 900 militares, incluidos mandos), en dos residencias militares, una dotación de Marina y en la Subdelegación de Defensa.
PAGA NO CONTRIBUTIVA
La legislación actual establece que el soldado que finaliza a los 45 años su situación de permanencia en las Fuerzas Armadas, mediante el llamado compromiso, percibe una paga no contributiva de unos 702 euros brutos.
"Una cantidad que no cotiza para cobrar en el futuro una pensión a los 67 años. Esta prestación es incompatible con un trabajo en cualquier administración pública, pero sí para poder trabajar en otros empleos de autónomos o en empresas privadas", dice el cabo 1º Marco Gómez.
En España hay más de 26.000 militares que están con un contrato de larga duración lo que supondría que, si cobrasen esta paga no contributiva en el futuro, el Estado debería de desembolsar unos 40 millones de euros anuales cargados a los Presupuestos Generales, según ATME.
