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Viernes 08/11/2024
 

Valencia

Jueces, abogados y fiscales exigen una mayor especialización en Infancia y Familia

Vicente Magro señala que cerca de 500 menores están en riesgo de violencia vicaria grave y pide unificar protocolos

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  • V Jornadas de Derecho de Familia AEAFA-ICAV. -

Jueces, abogados y fiscales exigen mayor especialización en el sistema judicial español en Infancia, Familia y Capacidad con el objetivo de convertirse en un "método de prevención de violencia".

Así se ha puesto de relieve en el marco de las V Jornadas de Derecho de Familia AEAFA-ICAV, organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, la AEAFA y Libertas Ediciones, y que reúnen en la capital valenciana a un total de 150 abogados, jueces y fiscales especializados en Derecho de Familia.

La apertura del encuentro ha sido a cargo de la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano, y del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, José Soriano. Posteriormente, ha tenido lugar la conferencia sobre 'Violencia de Género y consecuencias derivadas en relación con el régimen de visitas' por parte del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Vicente Magro.

La presidenta de la AEAFA ha incidido en la necesidad de crear una especialización en Infancia, Familia y Capacidad, una reivindicación histórica por parte del colectivo y que ha sido "ignorada" por "todos los gobiernos".

"Da igual el partido político al que se denuncie esta situación, siempre cuando se está en la oposición, en todas las reuniones que hemos mantenido desde la AEAFA, cuando les planteamos la necesidad de la especialización, la necesidad de que no exista una discriminación del ciudadano por razón del lugar de su residencia o que, en este momento y desde hace muchos años, hay una justicia de dos velocidades, una justicia de dos categorías, se recibe con mucho entusiasmo pero cuando ese partido político o coalición llega al gobierno, todo se diluye, se diluye completamente", ha censurado.

En este sentido, ha señalado que si el hecho de crear una especialización no responde al volumen y a la carga de trabajo, si se toman como ejemplo las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los asuntos civiles tramitados en España fueron "alrededor de dos millones y medios", de los que el 25% pertenece a asuntos de Familia.

"Los asuntos de familia no son solamente las separaciones y los divorcios, sino todo el ámbito que afecta a las personas y familia, desde que nace hasta que fallece. Hay una media de unos 500.000 asuntos al año dedicados a la familia, mientras que, de mercantil, en el mismo año, 106.000; de laboral o social, 236.000. Es evidente que si vamos por el volumen o por la carga de trabajo quien se merece una especialidad dentro del orden jurisdiccional civil es Infancia, Familia y Capacidad", ha manifestado Lozano.

"REDUCIR DURACIÓN, INCREMENTAR CALIDAD"

En esta línea, la presidenta de la AEAFA ha denunciado que "los órganos de gobierno "no tienen en consideración" que la Ley Orgánica 821 exige "un alto nivel de especialización para todos aquellos operadores jurídicos que han de trabajar con niños, niñas y adolescentes".

"No son conscientes de que el Pacto de Estado contra la violencia de género insta a que exista mejor y más especialización sobre la materia. La especialidad reduce los costes de duración, incrementa la cantidad, la calidad y el acierto de las resoluciones judiciales y una respuesta rápida y especializada es un método de la prevención de la violencia, violencia que se genera en un alto porcentaje en las familias que están en trámites de crisis familiar por separación o divorcio justamente cuando se está a las puertas de iniciar o se ha iniciado el procedimiento o las negociaciones para intentar derrotarlo", ha aseverado.

Asimismo, María Dolores Lozano ha defendido que el Derecho de Familia afecta "transversalmente" a "todas" las ramas del derecho y que "no solamente sabe custodia y uso de vivienda y lo básico, que es lo que conoce el ciudadano habitual, sino que se tiene que saber las retribuciones fiscales, todas las consecuencias económicas y patrimoniales, porque en un divorcio o en una separación siempre hay tres, y es Hacienda".

Por su parte, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia ha insistido en que "hace falta que alguien tome interés a este tema de derechos de familia y que esta situación que nos ocupa a asociaciones, colegios y consejos, en cuanto a esa especialidad, sea al final un objetivo". "Buscamos y reivindicamos que existan juzgados de familia, especializados en derecho de familia y que los juzgados mixtos, que resultan distantes, se le acaben los días", ha subrayado.

RÉGIMEN VISITAS MENORES

Por otro lado, Vicente Magro, en declaraciones a Europa Press, en lo relativo a la conferencia 'Violencia de Género y consecuencias derivadas en relación con el régimen de visitas' ha explicado que cuando hay supuestos de violencia de género "también hay un peligro, en el caso de que se mantenga el régimen de visitas, de que los hijos puedan ser luego maltratados", por lo que ha destacado que "hay que valorar en las resoluciones judiciales si el régimen de visitas es procedente o no cuando hay un hecho previo de violencia de género".

"Sobre todo hay que valorar el interés del menor y es muy importante hacer una buena previsión del riesgo. Hoy en día, lo más importante que hay en los casos de violencia de género es hacer una correcta previsibilidad del riesgo", ha afirmado.

Preguntado por qué herramientas se deberían introducir para frenar las cifras de víctimas de violencia vicaria, el magistrado ha incidido en la necesidad de protocolizar herramientas para que "todas las actuaciones que se hacen por la policía, por los forenses, por los jueces, estén protocolizadas y con una misma sistemática".

"Si mejoramos la protocolización de estos instrumentos, y los uniformamos, todos los profesionales que trabajen directamente con la violencia de género serán más eficaces y se evitarán lagunas o posibles errores. Porque en muchas ciudades hay protocolos muy buenos, entonces lo importante es extenderlos al resto del país cuando hay una herramienta que funciona bien, protocolizarla bien, homogenizarla y extenderla para que en toda España se trabaje con esa misma idea", ha resaltado.

En cuanto a los fallos en las evaluaciones de riesgos, ha indicado que "a veces sí que se falla y puede ocurrir que no se detecte que puede haber un riesgo para un menor y, en consecuencia, ocurra una desgracia", pero que, si se acierta en evaluar "bien", el riesgo de que ocurran este tipo de desgracias se reduce.

"Ahora mismo hay tutelados y protegidos por el Ministerio de Interior 470 niños que están en riesgo. Entonces son cifras realmente preocupantes y lo que hay que hacer es intentar acertar en la valoración del riesgo para evitar males mayores en el caso de que pueda ocurrir algún tipo de ataque a un propio hijo", ha concluido.

En su conferencia, Magro ha incidido en la gravedad de la violencia vicaria y el modo de actuar de los agresores. "El
maltratador actúa como una especie de cartero psicológico de noticias sobre maltrato futuro que pueden ocurrir en el hogar. De este modo, crea un clima irresponsable de miedo y temor en la pareja del agresor y sus hijos", afirma, al tiempo que apunta que, por este motivo, "muchos crímenes de violencia vicaria se producen tras la denuncia", es decir, cuando el maltratador se da cuenta que el terror psicológico no ha funcionado.

Finalmente, ha considerado que existe la maldad intrínseca, tal como queda plasmado en la sentencia Supremo 469/2021 de 2 de junio de 2021. "La maldad es una forma de ser, no de un trastorno mental",
asevera.

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