En un reciente foro de debate, organizado por el diario Abc, el líder andalucista Alejandro Rojas Marcos le propuso al presidente Juanma Moreno que convocara una manifestación el 4D en la que poder escenificar la defensa de los derechos de Andalucía como comunidad histórica a raíz de la encrucijada territorial abierta por la cesión del Gobierno de Pedro Sánchez a los nacionalismos catalán y vasco, especialmente el primero, ante el inminente acuerdo de investidura. El jefe del Ejecutivo andaluz tomó nota. Al menos, así se pronunció aunque fue prudente en su respuesta.
Para fortalecer la carga simbólica del 4D, el Consejo de Gobierno del 8 de noviembre de 2022 aprobó, por decreto, declarar esa fecha como Día de la Bandera de Andalucía con el objetivo de conmemorar las históricas y multitudinarias manifestaciones de 1977. Un acto, con cierto boato e izado de la enseña incluido en los jardines del Palacio de San Telmo, fortaleció esa intención del Ejecutivo andaluz de incrementar la importancia del 4D más allá del 28F, Día de Andalucía.
Las cesiones, aún por conocer, del Gobierno central a las comunidades autónomas reseñadas podría incrementar la desigualdad entre territorios, algo que rechazan la Constitución y el Estatuto andaluz. Por tanto, la idea de Rojas Marcos es plausible. Al menos, el concepto, el fondo que defiende quien fuera alcalde de Sevilla. La forma no lo parece tanto. No veo a una institución como la Junta de Andalucía convocando manifestaciones, que tendrían que ser generadas por colectivos sociales en defensa de los intereses de la comunidad.
Además, para que la intención del Consejo de Gobierno sea legítima, el PP tendría que dejar de utilizar este tema como instrumento de desgaste de los socialistas andaluces. Basta con ver las sesiones de control al presidente andaluz, que se celebran cada quince días en el Parlamento, para comprobar que en muchas ocasiones parece que el interpelado es el líder de la oposición, Juan Espadas, por la pretérita gestión socialista o por la negociación de Pedro Sánchez con los independentistas.
Si el uso partidista queda al margen, la Junta tiene la obligación de defender los intereses de la comunidad más poblada del país y debe hacerlo por tierra, mar y aire; sin reparar en medios porque nos jugamos mucho ante el debate territorial que el pacto de investidura ha abierto.
