El martes, los profesionales técnicos en integración social (PTIS) iniciaron una huelga indefinida con una concentración silenciosa, en Sevilla, ante la sede de la Consejería de Educación. Este jueves, en la tercera jornada de paros, han elevado la voz y la demanda de sus reivindicaciones ha subido de decibelios en Cádiz, a las puertas de le Delegación Territorial, en la Plaza Mina esquina con calle Antonio López.
“Llevamos 20 años soportando precariedad”, sostiene María Jesús Martín delegada sindical en el comité de empresa de Osventos, firma concesionaria con unos 320 empleados en toda la provincia, “con reducciones salariales, impagos de trienios y vacaciones, no soportamos más esta situación”.
El colectivo demanda dignidad laboral y señala a la Junta de Andalucía como responsable, pese a que el Gobierno regional apunta a la sociedad limitada. “Somos trabajadores de una empresa privada en centros públicos. Este problema lo creó la Administración Pública, con licitaciones a empresas piratas que son de otras comunidades autónomas y se enriquecen con la mano de obra andaluza, y la Administración Pública debe solucionarlo”, agrega Martín, quien asegura que ni Osventos ni la Agencia Pública Andaluza de Educación les atiende.
Pero, con un seguimiento de la huelga indefinida del 95% en la provincia, los afectados tienen claro que no van a parar. En agenda, marcado en rojo, tienen el día 27 de este mes, cuando los profesionales de todas las provincias se volverán a dar cita en Sevilla para protestar de forma contundente.
Además, la delegada sindical en Cádiz asegura que cuentan con el apoyo de la familia. “Comprenden las peticiones que hacemos, los niños y las niñas no están aparcados en las clases, trabajamos con ellos cada día, confío en que esto no dure mucho”, añade.
Lourdes Duarte confirma que, efectivamente, los padres y las madres se han unido a la lucha. Su hija, alumna con necesidades educativas especiales, precisa de atención. Junto a Candela, la PTIS que lo hace en condiciones precarias, Duarte considera “vergonzoso que se hable de inclusión por parte de la Junta de Andalucía, cuando no existe” en la práctica.
En La Janda, afirma, hay centros educativos con una sola PTIS, contratada por solo dos horas diarias, para cinco niños. “Me dice que tiene que elegir a qué alumnos se dedica porque no da abasto”, agrega.
Rebeca Castaño, madre de un pequeño con discapacidad y grado 3 de dependencia, advierte de que no solo la Administración autonómica vulnera los derechos laborales de los PTIS, sino también, y sobre todo, “los derechos de los más pequeños a tener una educación de calidad”.
