La Inspección de Trabajo y Seguridad Social abrió acta de infracción el pasado mes de noviembre a Ayesa Advanced Technologies (AT) por su conducta de “obstrucción a la labor inspectora” tras no recibir la documentación que había solicitado del centro que la empresa abrió en julio de 2022 en Jaén y le requirió garantizar el cumplimiento de las normas sobre teletrabajo en una oficina en la que ya cuenta con 80 trabajadores y para cuya apertura recibió 600.000 euros de incentivos públicos por parte de la Diputación de Jaén.
El nuevo centro tecnológico, ubicado en la avenida Ejército Español de Jaén, de Ayesa está centrado en el desarrollo de soluciones software para la digitalización del sector público y desde el que también se ofrecen servicios de Infraestructura de TI, consultoría tecnológica y seguridad informática. Cuenta en la actualidad con 80 trabajadores, de los 50 inicialmente previstos y para los que recibió la ayuda pública, y está previsto que alcance el centenar.
Según aseguró el pasado martes en una visita al centro el director general de Ayesa, Germán del Real, “en total estamos trabajando en más de 40 proyectos desde la sucursal de Jaén”, citando la gestión de todos los “recursos funcionariales" de la Junta de Andalucía o "la gestión de la nómina del Servicio Andaluz de Salud", además de “para grandes eléctricas de este país con la telemedida, para la Comunidad Valenciana en los sistemas de educación, o para Canarias en el control de presencia de los funcionarios”.
Sin embargo, esta sucursal, a pesar de que su puesta en marcha se anunció en julio de 2022, no estaba activa en julio de 2023, cuando el sindicato ASC se personó en las instalaciones y comprobó que no sólo no estaba activo sino que los vecinos comentaban que el local “llevaba cerrado más de seis meses”, por lo que comunicaron a la Inspección de Trabajo la “bochornosa situación”, especialmente porque entendía que la totalidad de la plantilla adscrita al centro de trabajo había estado “durante un año entero teletrabajando al 100%”, vulnerando el artículo 3 de la Ley 10/2021 que señala en los contratos en prácticas o formativos tiene que garantizarse que el 50% como mínimo fuera presencial.
La Inspección de Trabajo actuó y hasta noviembre de 2023 estuvo enviando diferentes requerimientos de información a Ayesa AT sin que se aportara toda la documentación requerida, especialmente los contratos o la aceptación del teletrabajo por parte de cada trabajador, como queda reflejado en el extenso informe de inspección al que ha tenido acceso Viva Sevilla.
La Inspección asegura que Ayesa AT ha aportado la documentación requerida “de manera que ha dificultado dificulta [sic] la actuación inspectora puesto que se dirige a comprobar el cumplimiento empresarial de sus obligaciones en el ámbito de las Relaciones Laborales, y se entiende que con su conducta ha obstruido la actuación inspectora”.
Apunta también que existen “indicios de incumplimiento empresarial de las obligaciones establecidas en los artículos 11 y 64 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 3 de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia”, añadiendo que “la investigación no ha podido ser completada en su totalidad atendiendo a las medidas empresariales adoptadas que han impedido el ejercicio de las funciones antes indicadas”.
También señala que la documentación aportada “se fecha siempre con posterioridad al inicio de la actuación inspectora” y que aunque “documentalmente los acuerdos de teletrabajo se realizan y comunican a los representantes de los trabajadores en plazo”, no han podido ser verificados por la actitud de la empresa, por lo que “extiende acta de infracción por obstrucción a la actuación inspectora”.
Así, la Inspección abrió una nueva orden de servicio, extendió un requerimiento normalizado con plazo 15 de noviembre y se requirió “la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento del artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como la aplicación del artículo 3 de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia", concluye el escrito.
Pagos en Smart Servicios Avanzados
Por otra parte, fuentes sindicales han informado a Viva Sevilla que la plantilla de Smart Servicios Avanzados, una empresa subcontratada por su la filial de Ayesa Atech BPO, ha cobrado los dos meses de retraso de su sueldo tras la denuncia pública que realizó ASC.
Según el sindicato, Smart Servicios Avanzados, “no le ha pagado a los trabajadores y trabajadoras ni la nómina de enero ni la de febrero de este año 2024, con lo que lleva ya dos meses sin pagar las nóminas”, denuncia el sindicato, que vincula la forma de actuar de esta subcontrata de Ayesa a la intención de la compañía de que renuncien a su antigüedad para formar parte de la plantilla de la multinacional de consultoría.
