La Zona Franca de Cádiz sobresale en su compromiso por la transparencia y la información a la ciudadanía. Así se desprende del último informe de revisión del cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en materia de publicidad activa que la sitúa en el 84,4% en el Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO), lo que supone un aumento de 5,2 puntos porcentuales sobre la cifra obtenida en 2023, un 79,20%.
En las conclusiones, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno valora positivamente la evolución de la consecución de las obligaciones de publicidad activa por parte del Consorcio, destacando que la Zona Franca ha aplicado el 73% de las recomendaciones efectuadas como consecuencia de la evaluación realizada en 2023.
Estos datos sitúan a la Zona Franca de Cádiz por encima de los resultados obtenidos en 2023 por la Administración General del Estado, que obtuvo un 81% y muy por delante del resto de Zonas Francas de España, que no superan el 42,90% en el mejor de los casos.
El delegado del Estado en la Zona Franca, Fran González, ha valorado estos datos “de manera muy satisfactoria”. “Las conclusiones presentadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno constatan el esfuerzo realizado en estos años para lograr una gestión eficiente y abierta a la ciudadanía. Además de haber logrado un ente saneado y solvente gracias a la aplicación del Plan de Viabilidad, hemos conseguido situar al Consorcio en los más altos estándares de transparencia en áreas tan relevantes como la información patrimonial, organizativa y de planificación o económica y presupuestaria”.
“Los gaditanos y las gaditanas ya perciben a la Zona Franca de Cádiz como una institución más abierta a la ciudad, más implicada que nunca en su bienestar, aportando soluciones y trabajando de manera conjunta con el resto de instituciones y agentes económicos y sociales”, ha recalcado Fran González, que ha matizado que se va a seguir trabajando en el margen de mejora existente en los parámetros indicados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para lograr su pleno cumplimiento.
Categorías y criterios de evaluación
El informe Consejo de Transparencia y Buen Gobierno valora el cumplimiento de publicidad activa en categorías como la información institucional, organizativa y de planificación; información patrimonial o información económica, presupuestaria y estadística, entre otros, a los que evalúa siguiendo los siguientes criterios: contenido, aquel de obligado cumplimiento por la Ley 19/21013; forma, es decir, el modo de presentar la información; actualización y si se identifica la fecha de datación de la información; accesibilidad, esto es, el número de clics para acceder a la información desde la página principal de transparencia; claridad o reutilización.
En este sentido, el Consorcio destaca sobradamente en materia de información patrimonial, donde obtiene la más alta puntuación en todos los criterios evaluados. También obtiene un sobresaliente en cuanto a la publicidad de información institucional, organizativa y de planificación y un notable alto en información económica, presupuestaria y estadística.
Por otra parte, destacar que el Consorcio es de las pocas entidades que presenta observaciones y comentarios al Informe de Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tal y como propone dicho Consejo.
Hay que señalar que el informe también ha evaluado a la sociedad Desarrollos Empresariales, del Grupo de la Zona Franca de Cádiz, y que extrae igualmente conclusiones con una valoración muy positiva del esfuerzo realizado para mejorar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que le son de aplicación. Así, se han aplicado el 67% de las recomendaciones efectuadas y, como consecuencia de esto, el Índice de Cumplimiento se ha incrementado en el 740%, pasando de una valoración del 6,8% en 2023 a un 57,1% en 2024.
Reseñar que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno eleva anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Entre sus funciones están adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley de transparencia, asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, e informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o que estén relacionados con su objeto y evaluar el grado de aplicación de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, entre otras.
