El extenso documento, colgado en la web del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, era uno de los puntos de debate de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que iba a celebrarse con las comunidades autónomas el pasado día 13 y que finalmente acabó posponiéndose.
La propuesta ministerial baraja también incluir criterios ambientales en el impuesto de circulación, limitar la velocidad máxima en la periferia urbana, incorporar criterios de conducción eficiente en los exámenes de conducir y aplicar incentivos económicos en los títulos de transporte público.
A principios de año, tras registrarse varios episodios agudos de contaminación en varias capitales y originarse una polémica sobre la ubicación de las estaciones de medición de contaminación, la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, se comprometió a llevar al Consejo de Ministros un Plan de Calidad del Aire para el mes de julio.
En el texto colgado de la web del MARM se apuesta por la creación de Zonas Urbanas de Atmósfera Protegida (ZUAP), o sea, áreas urbanas o metropolitanas delimitadas para la aplicación de un conjunto de medidas, muchas sobre el tráfico rodado, para mejorar la calidad del aire.
La principal herramienta para gestionar las ZUAP es etiquetar los vehículos (nuevos y en circulación), con lo que se puede plantear “la limitación permanente del acceso a vehículos más contaminantes”.
El etiquetaje posee cinco categorías, según sus emisiones contaminantes, desde los adhesivos rojo y naranja (los más “sucios”) hasta el amarillo y verde (los más limpios).
Una vez identificados los vehículos y elaborada la legislación que permite a los administración local crear las ZUAP, el ministerio de Rosa Aguilar afirma que podría aplicarse una fase 1 desde 2012.
Pese a reconocer que es una medida “impopular” porque puede percibirse solo como recaudatorio, el texto recoge además la posibilidad de aplicar un peaje urbano, es decir, una tasa o tarifa a los automóviles por el uso del viario en un ámbito urbano.
“Debe ser finalista y los ingresos deben destinarse a mejoras del transporte público”, añade el texto, que reconoce también que el coste de aplicación es alto en una primera fase, “pero se ve compensado por los ingresos derivados de su funcionamiento”.
