Las fuentes explicaron a Efe que Mizra recibió a una delegación de tres miembros del TEL, quienes hicieron entrega del acta sobre el magnicidio de Hariri, cometido en febrero de 2005.
Los medios locales libaneses aseguraron que el acta de acusación comprende unas 150 páginas y está acompañada de cuatro mandatos de arresto.
Sin embargo, existen diferentes versiones sobre estos hechos, ya que la radio La Voz del Líbano aseguró que la delegación no ha entregado el acta y la agencia de noticias libanesa ANNN se limitó a informar de la visita de la delegación.
De los cuatro mandatos de arresto, han salido a la luz los nombres de dos de los posibles acusados, que son los miembros del grupo chií Hizbulá Salim Ayash y Mohamad Badredin.
En los últimos meses, varias informaciones de prensa internacional han apuntado a que la fiscalía del TEL podría inculpar a miembros de Hizbulá, que en la actualidad encabeza el Ejecutivo libanés.
El grupo chií rechazó desde el principio las alegaciones y acusó al tribunal de estar politizado.
Esta noticia coincide con una reunión del Gobierno libanés, presidida por el jefe de Estado Michel Suleiman.
No se espera que el acta de acusación se haga público hasta que lo decidan el fiscal jefe del TEL, Daniel Bellemare, o el juez de instrucción Daniel Fransen.
El pasado 6 de mayo, Bellemare presentó un acta de acusación modificada por el asesinato de Hariri, que sustituye a la elaborada el 11 de marzo de 2011 e incluye nuevos elementos que no estaban disponibles.
El TEL, creado en 2007 a petición del Líbano por una resolución de las Naciones Unidas, está encargado de juzgar a los responsables del atentado con coche bomba en el que Rafic Hariri y otras 22 personas murieron el 14 de febrero de 2005 en el centro de Beirut.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió ayer a los Estados miembros del organismo que colaboren con el TEL en la ejecución del acta de acusación y las órdenes de arresto presentadas en relación al asesinato del exprimer ministro libanés Rafic Hariri. “El secretario general pide a todos los Estados que respalden el proceso judicial independiente, especialmente colaborando con el tribunal”.