La empresa se muestra dispuesta a finalizar el proceso de asfaltado, toda vez que entiende que puede hacer frente a su compromiso inicial con estos trabajos, realizados bajo la inversión del Plan E.
Como se recordará, el Ayuntamiento finalizó parcialmente la obra de adoquinado antes de Semana Santa, tras varias semanas en las que los trabajos se ralentizaron ante el impago de una deuda a la empresa.
El gerente de la constructora, Darío Rodríguez, lamentó entonces que el Ayuntamiento no abonara una deuda de 378.000, reconocida por el propio “interventor municipal en un informe”.
La constructora apuntó entonces que el acuerdo de suspensión de la concesión fue “absolutamente arbitrario e ilegal, y adoptado en un procedimiento sumarísimo que no se corresponde con el que marca la normativa reguladora y del que se han prescindido de trámites esenciales”.
Rodríguez denunció que el Ayuntamiento “se atribuyó una facultad legal de suspensión de la ejecución de una obra que no le está reconocida en la Ley de Contratos del Sector Público”.
Por este motivo, la constructora presentó una querella contra el alcalde, Diego Sánchez Rull, y el secretario municipal del Ayuntamiento, José López Guío, por la resolución del contrato.
En su exposición ante el Juzgado de Instrucción de Algeciras, la denuncia argumenta que ambos podrían haber cometido un supuesto delito de prevaricación, recogido en el artículo 404 del Código Penal. Por este motivo, la compañía pide la inhabilitación de ambos por un periodo de entre 7 a 10 años tras la “resolución ilegal del contrato”.
Respuesta
Por su parte, el equipo de Gobierno dirigido por Sánchez Rull alegó que los pagos correspondientes a ese trabajo se estaban llevando al día, si bien no se desmintió la deuda tasada con la empresa.
López Guío aseguró ayer que la actuación municipal “ha estado siempre dentro la legalidad”, y que cuenta “con los informes técnicos necesarios que la sustentan”.
Según el Ayuntamiento, el director técnico de la obra presentó un escrito en el que hacía constar que los trabajos “llevan paralizados por un periodo de tiempo prolongado y sin que exista ninguna causa que lo justifique”. A esto se suma que “la situación produce una situación de riesgo para el tráfico”. Ante esta situación, el Ayuntamiento inició un expediente de resolución de contrato “por la causa legal del incumplimiento de los plazos para la ejecución de la obra”.
Por su parte, Sánchez Rull, apuntó que el rescate de la obra “se realizó “por responsabilidad” ante el “peligro” de mantener la calle en ese estado con la Semana Santa por delante.
