Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos han ocurrido al tener conocimiento los guardias civiles del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Comandancia de Cádiz, de que en una operación de compra de una parcela de la zona de Espartinas en Chiclana, un vecino de la localidad utilizó los servicios de un abogado y un tasador de la zona, que podrían haber presentado documentación falsa a la entidad financiera para la concesión del crédito.
Para que la concesión del préstamo se materializase por parte de la entidad financiera, los profesionales, un abogado y un tasador, presentaron toda la documentación que era requerida por la entidad financiera, consistente en una serie de nóminas para acreditar la capacidad de pago del comprador y un certificado de tasación de la finca en cuestión. Esta documentación fue presentada en primer lugar en una entidad, que denegó el crédito solicitado, y posteriormente en otra que finalmente concedió un crédito por importe de 126.000 euros.
Los hechos investigados por los agentes desvelaron que los ingresos reales del comprador de la finca eran en realidad una tercera parte de los que se justificaban mediante las nóminas falsificadas. Además, el informe de tasación correspondía a una vivienda que nada tenía que ver con la finca objeto de la compra, donde en efecto no había nada construido.
Por estos motivos y ante el desconocimiento del comprador de la finca de lo que estas personas habrían hecho con sus documentos, los guardias civiles procedieron este viernes a imputarlos como presuntos autores de sendos delitos de falsificación y estafa, poniéndolos a disposición del titular del Juzgado Mixto número 4 de Chiclana de la Frontera.
