De esta forma, Montoro absorberá dos competencias, Hacienda y Administraciones Públicas, que hasta ahora estaban separadas.
El Ejecutivo presentará en enero la Ley de Estabilidad Presupuestaria que contendrá la reforma constitucional y que fijará en un 0,4 % el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020.
Su primera tarea será llevar al Consejo de Ministros del 30 de diciembre un decreto ley de medidas urgentes en materia económica, que incluirá la prórroga de los presupuestos e irá acompañado de un acuerdo de no disponibilidad.
El decreto incorporará la actualización del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, congeladas en 2011, en la que será la única partida de gasto que el Gobierno tiene la intención de aumentar en 2012.
El siguiente cometido del ministro será la elaboración de un cuadro macroeconómico ajustado a la situación actual, sobre el que confeccionará los presupuestos generales del Estado para 2012 que el Gobierno tiene la intención de presentar antes de que acabe el primer trimestre.
A diferencia de lo ocurrido al Ejecutivo socialista en las dos legislaturas previas, el PP no encontrará obstáculos para la aprobación de esas cuentas en el Parlamento al contar con mayoría absoluta.
En materia impositiva, el PP de momento no tiene la intención de subir ningún impuesto, aunque mantendrá el que grava el patrimonio, recuperado por los socialistas el pasado mes de agosto para las fortunas superiores a 700.000 euros.
También se mantendrá el IVA reducido para la compra de vivienda habitual, cuya adquisición volverá a deducirse en el IRPF.
Dentro de este ámbito, y según el compromiso electoral, habrá un apoyo fiscal de 3.000 euros para los emprendedores que contraten a su primer trabajador en una empresa nueva y se modificará el régimen del IVA para que autónomos y pymes lo liquiden cuando hayan cobrado las facturas pendientes de pago.
Respecto al impuesto de sociedades, lo rebajará al 20 % para las empresas que facturen menos de cinco millones y ampliará a 12 millones la cifra de negocio que permitirá acogerse al régimen especial para las empresas de reducida dimensión.
Montoro también deberá analizar el posible aplazamiento a diez años del pago de las deuda acumulada por las comunidades autónomas como consecuencia de las liquidaciones de la financiación autonómica de 2008 y 2009.
Asimismo, se enfrentará con la petición de la Generalitat de Cataluña de que el Estado le abone 759 millones en créditos para inversiones que están previstos en el Estatuto catalán.
Dentro de esta misma comunidad, se encontrará también con la reclamación de un pacto fiscal por parte de CiU, que se basa en tres instrumentos: la reforma de la ley para incluir una cláusula de excepción que saque a Cataluña del "café para todos", una ley de cesión de tributos que permita a la Generalitat recaudar todos los impuestos y una ley para limitar el déficit fiscal.
Otro de los retos del nuevo ministro será la lucha contra el fraude fiscal, una senda que ya inició el anterior Gobierno con un plan específico que este año ha permitido recaudar 10.400 millones en actuaciones de prevención y control.
