En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Moreno ha precisado que los datos conocidos sobre el supuesto uso de dinero público para comprar cocaína por parte del ex director general de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero "no es nuevo", sino que sigue siendo el caso de los ERE fraudulentos.
Según Moreno, la ayuda en cuestión -900.000 euros- es de 2004 y la Junta lo trasladó a los juzgados, por lo que la consejera ha manifestado que no hay quien gane al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el intento de esclarecer e investigar el caso.
A la vez, ha acusado al Partido Popular de Andalucía de intentar implicar a Griñán en el caso por "interés electoral" y con trampas procesales.
En su opinión, cuando el PP pide "una y otra vez la responsabilidad de Griñán sólo está desviando la atención" y ha recordado que las ayudas a las que se refiere la declaración del exchófer de Guerrero se conceden en el 2004, cuando Griñán era diputado en el Congreso y ni siquiera formaba parte del Gobierno andaluz.
El Ejecutivo autonómico cree que el "foco" de las irregularidades en los ERE "sigue estando" en el ex director general de Trabajo y está convencido de que ninguno de los consejeros de empleo que la Junta "sabían nada" de sus prácticas supuestamente delictivas
Por ello, ha pedido a la Justicia una actuación "contundente para que caiga sobre él el peso" de la ley aunque también ha reclamado que "no se mezcle" a los miembros del Ejecutivo autonómico, incluido su presidente, José Antonio Griñán, con "personas deshonestas".
"Si hay manta, hay que tirar de ella hasta el último cabo", ha sentenciado la consejera, quien ha explicado que la Junta "no va a entrar" en el destino que Guerrero u otras personas hayan podido dar o no a los fondos que se hayan defraudado.
El Ejecutivo andaluz, según ha comentado en su intervención, "no perderá ni un minuto" en la defensa de Guerrero, sino que muy al contrario le está "acusando, mirando con lupa" su gestión.
Igualmente, ha insistido en que a Griñán y al resto del Ejecutivo "les repele" el caso y ha esgrimido que a diferencia de otros gobiernos autonómicos que tienen incluso a sus presidentes sentados en el banquillo (por Valencia y Baleares), la Junta "no tapa, no justifica, no defiende a nadie que pueda ser culpable, sino que denuncia y colabora con la Justicia".
