El comité de empresa de la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, -cuyo mayor accionista es el Ayuntamiento- anunció ayer “un frente jurídico y sindical” para “combatir” la liberalización parcial de servicios, después de que se lleve a cabo una modificación de los reglamentos de prestación de servicios y de régimen interior de la sociedad mixta, acción promovida por la dirección de la compañía y que tendrá efectos sobre un centenar de los 198 trabajadores de la plantilla.
La decisión de la comisión ejecutiva de Mercasevilla de emprender la liberalización parcial de los servicios, deriva de un informe elaborado por el secretario general del Consistorio y del consejo de administración de la empresa, Luis Enrique Flores, realizado merced a los requerimientos de la Comisión Europea que, en agosto de 2011, acordó incoar un expediente por un posible caso de “monopolio” en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas del pescado.
Así, dicho informe del propio secretario del Consistorio considera que el respeto al principio de libertad de empresa, así como otros aspectos, “obligan necesariamente a replantear el modelo” de los reglamentos en tales términos. El responsable en dar cuenta de la decisión adoptada ayer en el seno de la comisión ejecutiva fue el concejal de Empleo y presidente de Mercasevilla, Gregorio Serrano, quien señaló que también se ha resuelto crear en paralelo “una comisión” que pilote específicamente el “proyecto” de los nuevos reglamentos de prestación de servicios y de régimen interior.
Creen “parcial” el informe
Sin embargo, y respecto al informe elaborado por el secretario general del Ayuntamiento, el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domíngez, señala que se trata de un informe “parcial”, avisando de que la cúpula de la empresa actúa sólo para cumplir “la promesa electoral” del alcalde, Juan Ignacio Zoido, con el gremio de mayoristas del pescado.
“Vamos combatir desde todos los frentes posibles. Nos vamos a oponer desde lo jurídico y lo sindical”, manifestó Rafael Domínguez, quien avisó de que el mencionado informe de Luis Enrique Flores es un “informe de parte, realizado exclusivamente para el objetivo” de justificar la liberalización de buena parte de los servicios prestados por Mercasevilla, aspecto que afecta a cien trabajadores cuyo destino está por resolver. “El informe del secretario general no es imparcial”, dijo Rafael Domínguez.
Sobre el expediente incoado por la Comisión Europea por un posible caso de monopolio en los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado, como es el caso de la facturación o el transporte y la manipulación, Rafael Domínguez señaló que las instituciones comunitarias “no se han pronunciado definitivamente”.
En ese sentido, advirtió de que el Ayuntamiento debería esperar al menos una resolución final del mencionado expediente. “Vamos a recurrir a los tribunales”, insistió el presidente del comité de empresa, quien ha convocado para el próximo martes 19 de junio una asamblea general de trabajadores del mercado central al objeto de debatir las reformas promovidas por la dirección de la empresa.
Afecta a 100 trabajadores
La liberalización parcial de servicios de Mercasevilla afectará a un centenar de los 198 trabajadores de la empresa, ta y como explicó ayer el edil Gregorio Serrano.
En ese sentido, Serrano anunció la apertura de una negociación con los agentes sociales de la sociedad mixta, al objeto de localizar “una solución” para estos empleados. “Así es la vida. Hacerlo, tenemos que hacerlo”, dijo.
Aviso de la Comisión Europea sobre el caso de los mayoristas de pescado
El expediente realizado por el secretario general del Consistorio relativo a Mercasevilla y que ha resuelto la liberalización parcial de sus servicios responde a una petición de la Comisión Europea que, el 11 de agosto de 2011, resolvió incoar un expediente por un posible caso de “monopolio” en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas del pescado. Así, la Comisión Europea recomendó al Consistorio que considerase la “introdución de un sistema menos restrictivo” al respecto.
