El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz y presidente de la empresa municipal de Vivienda (Procasa), Pablo Román, informó de que a las 8.30 horas de ayer ordenó la paralización del desahucio previsto a una joven que ocupa “ilegalmente” una vivienda de protección oficial ubicada en el número uno de la calle Marinero en Tierra, en la barriada de Guillén Moreno. Con ello, se pretende darle un plazo para que encuentre otra alternativa.
Román ha explicado que esta medida busca conseguir “una solución social”, ya que el problema de este caso es “el cumplimiento de la legalidad” de un contrato para el uso de esa vivienda que “ya ha cumplido” y del que, además, es titular otra persona distinta a la joven.
Señala que el hecho de que la ocupante viva en la casa con una hija menor de edad le ha inducido a “no ser tan rígido” en la aplicación de la legalidad y buscar “un remedio antes de la aplicación traumática del desahucio”. No obstante, ha dejado claro que se trata de una vivienda pública municipal “a la que tienen derecho muchos demandantes de vivienda de Cádiz que pueden estar en igual situación que ella, o incluso peor”. Así las cosas, se ha planteado, en colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, dar una ayuda a la joven por un periodo de unos tres meses para que en ese tiempo “pueda encontrar un trabajo o medios para mantenerse” y que pueda tener acceso a una vivienda por su cuenta, o bien a otra que sea pública pero conforme a los requisitos legales.
La joven ocupante
En la casa vive Laura, una joven de 27 años con su hija de tres. Según ha explicado, hace un año y medio que se vio obligada a abandonar la casa familiar porque tiene un hermano “enfermo de esquizofrenia” y era “imposible la convivencia”, sobre todo para la menor.
Así, relata que su cuñado le propuso, al fallecer su hermana, que se fuera a vivir a la vivienda de protección oficial que tenían asignada en la calle Marinero en Tierra de Cádiz, ya que, según la versión de la joven, él iba a dejarla porque tenía que marcharse a Sevilla por motivos de salud.
Comenta que el estado de la casa era “prácticamente de ruina”, pero era un techo seguro “para dar a mi hija una infancia feliz”. Asegura que “nunca he dejado de pagar” la casa y fue el “querer ir de legal” lo que la ha puesto en esta situación.
Y es que, según asegura, hace unos cinco meses acudió a informar de que ella estaba ocupando la vivienda y, a raíz de ahí comenzaron a “rechazarme los pagos”, que le “vienen devueltos desde hace tres meses” y, además, ha recibido una orden de desahucio.
Acaba de quedarse en el paro y pide “una solución”, que pasa porque “no me echen” y, con esa “seguridad para mi hija”, buscar inmediatamente un trabajo para “poder seguir pagando e ir haciendo poco a poco a la casa los arreglos que necesita”.
