La operación iniciada en septiembre por la Guardia Civil contra una presunta red de blanqueo de capitales sigue provocando detenciones, después de que el pasado miércoles se produjera la detención del torero Salvador Barberán y su apoderado Pedro Pablo Caro, vinculados presuntamente a los otros cinco detenidos.
La actuación se desarrolló en el marco de las investigaciones abiertas por dicha trama, que se mantienen en secreto de sumario. El diestro, que tomó la alternativa en la pasada edición de la Feria Real de Algeciras, fue detenido el pasado miércoles e ingresó de manera preventiva junto a su apoderado en el centro penitenciario de Botafuegos, de la localidad algecireña, si bien ha salido en libertad tras el pago de una fianza de 20.000 euros.
La operación contra la trama se desarrolló el 25 de septiembre por parte de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras, como consecuencia de una orden judicial emitida desde el juzgado de instrucción número 3 de Algeciras.
Ese día, los agentes registraron viviendas y locales, especialmente las oficinas de la empresa P&P Inversiones Patrimoniales 2011 SL, de donde extrajeron documentación, así como varios ordenadores que fueron requisados. En esa primera actuación, fue detenido el administrador único de la sociedad, R.G.B, así como su socio, las dos parejas de ambos y un tercero.
Las dos mujeres han sido puestas en libertad ya, mientras continuaba la investigación que ha supuesto ahora la detención del torero y su apoderado por su presunta vinculación en los hechos. Los dos últimos detenidos, así como el tercero al que se vinculó inicialmente a la trama, han salido también previo pago de la fianza.
El presunto blanqueo de capitales podría proceder del narcotráfico, y su movimiento se habría producido en sociedades inmobiliarias y locales de ocio nocturno, según fuentes próximas a la investigación.
P&P
P&P Inversiones Patrimoniales 2011 SL comenzó su actividad en la zona el pasado 16 de enero, dedicada a la construcción, instalaciones y mantenimiento, así como a actividades inmobiliarias y de prestación de servicios; actividades de gestión y administración; servicios educativos, sanitarios, de ocio y entretenimiento.
Según la información pública que la propia compañía ofrecía a través de internet, su capital es de 3.000 euros y cuenta con un administrador único, R.G.B., a quien se detuvo en la primera intervención realizada en septiembre por la Guardia Civil, y que permanece en prisión.
Además, la sociedad amplió su objeto social a actividades agrícolas, ganaderas, pecuarias y explotación forestal, así como a la comercialización, distribución y realización de todo tipo de servicios relacionados con productos agrícolas, ganaderos, de jardinería, productos propios de alimentación animal y animales de compañía.
Entre las propiedades inmobiliarias cuyos servicios ofrece en su web se encuentran un chalet en Guadacorte de 240 metros cuadrados en una planta; una casa en Sotogrande de 750 metros cuadrados y 3.200 de parcela; la finca La Bordalla, en Jimena de la Frontera, de 48 hectáreas; y varias plazas de garaje en alquiler y venta en el centro de Algeciras.
