El Corredor Ferroviario de la Costa del Sol, que unirá Algeciras y Almería, es una de las apuestas más firmes del Gobierno andaluz incluido en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, el conocido como el Plan Pista, y su presupuesto global alcanza los 4.000 millones de euros, una cantidad que no puede asumir en solitario la Junta de Andalucía, según reconocía el propio presidente andaluz, por lo que se está buscando financiación adicional, tanto del Banco Europeo de Inversiones como del sector privado.
La apuesta por el transporte sostenible que representa este proyecto -además del Eje Transversal que unirá Andalucía de este a oeste- fue la protagonista de la reunión que Chaves mantuvo en Luxemburgo con el presidente del BEI, Philippe Maystadt, el pasado mes de diciembre, un proyecto que el banco europeo considera “viable y rentable” y para el que la Junta quiere contar con la financiación del BEI.
Aunque la financiación no está cerrada, tanto el presidente andaluz como el consejero de Turismo, Comercio y Deportes, destacaron los pasos que ya se están dado para ponerlo en marcha, con la licitación de los estudios y la adjudicación en marzo del primer tramo entre Las Lagunas-La Cala de Mijas, que asciende a 220 millones de euros. También está cerrado un acuerdo con el Gobierno central para que se haga cargo de los tramos Fuengirola-Estepona, Málaga-Fuengirola y Estepona-Algeciras, que según la Junta, “sigue vigente”.
El consejero de Obras Públicas y Transportes, Luis García, ya anunció tras la aprobación del Pista por parte del Consejo de Gobierno, que el plan contemplaba la posibilidad de que la iniciativa privada participe en la cofinanciación de algunos proyectos de infraestructuras públicas de la Comunidad, como ya ocurre en los metros de Sevilla o Málaga y en algunas zonas logísticas, lo que, según el consejero “podría acelerar” su puesta en funcionamiento.
El estudio de la cea
El deseo expresado por Chaves de conseguir financiación privada para una obra de la envergadura del Corredor de la Costa del Sol choca con la realidad de los datos sobre participación privada en infraestructuras públicas.
Según un estudio de la Escuela Andaluza de Economía de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA),Andalucía es una de las comunidades españolas con menor presencia de la financiación privada en las infraestructuras públicas.
El estudio apunta que en Andalucía son “muchos” los proyectos en infraestructuras que hay que afrontar para que la Comunidad alcance los niveles de desarrollo económico y social “requeridos tanto por los ciudadanos como por el tejido empresarial andaluz”.
Si bien, indica que en los últimos años se observa como la Junta está apostando por fórmulas donde se cuenta con la posibilidad y la intención de establecer modelos de colaboración público privados. En este sentido, apuntó la creación de empresas públicas de gestión y la promoción de proyectos de edificios públicos desde la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía.
En el ámbito nacional, el estudio señaló que el capital aportado por las compañías privadas no alcanza el 12% cuando el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) 2005-2020 preveía incrementar la utilización de fórmulas de asociación público-privadas hasta el cerca del 20%.
La crisis tampoco ayuda
Esta situación se da, según explica, porque las entidades financieras y sus comités de riesgo han endurecido las condiciones de financiación de las grandes obras públicas debido a la crisis de liquidez en los mercados internacionales y a la nueva valoración del riesgo.
Si bien, esta realidad se contrapone con el concepto que señala el estudio de que “en una situación de crisis como la actual, la inversión en infraestructuras es la medida más accesible e inmediata de los gobiernos para afrontarla”, por lo que frente a la opción de que el mercado actúe libremente “se encuentra la receta keynesiana de potenciar la obra pública para crear empleo o, al menos, no destruirlo”.
El estudio destaca que debido a las limitaciones presupuestarias de la administración, “la presencia del sector privado en la financiación de infraestructuras se ha convertido en un recurso necesario para conseguir acelerar la prestación del servicio público”.
Ante esta necesidad, el estudio plantea como modelo de colaboración el concesional, del cual en Andalucía se utiliza el BOT -Build, Operate and Transfer-, es decir, la concesión tiene un plazo, dentro del cual el sector privado construye y gestiona. Así, el periodo de gestión de la infraestructura permitirá a la empresa privada recuperar la inversión realizada en la construcción y obtener la rentabilidad esperada, mientras que al final de la concesión, la titularidad del proyecto para a ser pública.
Por último, el estudio señala que para llevar a cabo una colaboración entre lo público y lo privado, el Estado debe realizar previsiones y ofrecer información fiable, lo que conlleva a desarrollar un análisis de la viabilidad del proyecto y a orientar las contribuciones públicas a reducir el riesgo para los inversores privados.
